Cursos de catalán contra reloj, la universidad improvisa con la lengua

“Hay más medios, pero también improvisación. Hay muchas incógnitas y también obediencia a la exigencia del catalán”. Habla una profesora asociada de la Universitat de Barcelona (UB) que, de la noche a la mañana, fue informada de que, antes del 31 de diciembre de 2022, debía acreditar el conocimiento del catalán o de lo contrario “no podrá continuar como docente en el curso 2023-24”. Un mensaje que ha hecho recordar a los docentes más veteranos aquellos telegramas enviados por el Gobierno de Jordi Pujol hace 40 años en los que se notificaba la expulsión de aquellos profesores que no habían demostrado el dominio de la lengua catalana. Cerca de 14.000 abandonaron Cataluña por este motivo.

Esta profesora lleva tres años en el territorio y la UB ha puesto a su disposición clases de aprendizaje. Pero desconoce si, en caso de no superar esos cursos, podrá seguir ejerciendo la docencia otro año, pues su contrato es de dos cursos. Tampoco conoce cuántas oportunidades tiene para aprobar y si ese suspenso puede influir en su currículo.

Investigadores

“Hay mucha letra pequeña. Es verdad que han puesto más medios --en un principio, la página web de la UB informaba de que no había plazas en esos cursos, algo que se ha solucionado--, pero se está improvisando. El nivel de exigencia es muy alto. Y creo que disuasorio para que vengan investigadores a Cataluña”, denuncia.

Esos cursos contra reloj son el resultado de la ofensiva que, en septiembre de 2021, anunció la consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis, consistente en fiscalizar el idioma que se utiliza en las aulas universitarias para ver la frecuencia con la que los docentes pasan del catalán al castellano. Lo hizo tras una reunión de la Comisión de Política Lingüística del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), donde se acordó “hacer un seguimiento semestral” del uso de la lengua de docencia recogida en el plan docente del estudio oficial, que se hace público antes de la matriculación de los estudiantes. Asistieron representantes de las 12 universidades de Cataluña y del alumnado.

Tal como publicó Crónica Global, profesores asociados recibieron comunicados internos en los que se les advertía de la necesidad de acreditar el conocimiento del catalán si querían seguir ejerciendo la docencia. Así, en la Universitat de Barcelona, se envió el siguiente mensaje: “El profesorado de la UB, como seguro sabe, debe acreditar el conocimiento de la lengua catalana, para evidenciar que es competente en las dos lenguas oficiales. Esta es la única manera de garantizar el respeto por los derechos lingüísticos de los estudiantes, ya que de lo contrario se podría resentir la comprensión correcta de las preguntas que el alumnado formule en el aula en catalán o de los exámenes y trabajos que presente en esta lengua”. La advertencia se basaba en el Decreto 128/2010, de 14 de septiembre sobre la acreditación del conocimiento lingüístico del profesorado de las universidades del sistema universitario de Cataluña, que despliega el artículo 6.4 de la Ley de Universidades de Cataluña.

En cumplimiento de esta normativa, a partir del tercer año de contrato “deberá aportar la acreditación de la lengua catalana en el momento de la renovación. Si ya dispone de la acreditación en el momento de la recepción de este mensaje, puede presentarla en la Oficina de Asuntos Generales de su facultad. Excepcionalmente, si no puede aportar la certificación en el momento de la renovación, deberá hacerlo antes del 31 de diciembre de 2022. No podrá continuar como docente en la UB en el curso 2023-2024 si no ha aportado la acreditación que requiere la normativa aplicable".

"El plazo acabará en junio de 2023"

Por su parte, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) aprobó el 15 de diciembre de 2021 que todo el profesorado permanente debería acreditar el nivel de suficiencia en lengua catalana. Eso afectaba a docentes que llevaban muchos años ejerciendo su profesión en la UAB. “En el momento en que accediste a la plaza que ocupas, este requisito no se recordó y es por eso que, en diciembre de 2019, la Comisión de Personal Académico aprobó un plan para la regularización del seguimiento de la competencia en lengua catalana” que “ampliaba los dos años inicialmente previstos. Las circunstancias de estos últimos tiempos de pandemia, añadidos al ciberataque que sufrió la UAB, no han permitido hacer este seguimiento, pero ahora, con la recuperación de la normalidad, nos dirigimos a ti para reprender el compromiso con el marco legal y normativo vigente”.

“Según la unidad de personal docente, no consta que haya hecho llegar la acreditación de nivel de competencia en lengua catalana para la docencia. Como sabes, la acreditación del nivel y los cursos que puedas necesitar para prepararlo son gratuitos y están a tu disposición en el servicio de lenguas de la UAB”. Avisa de que “el plazo acabará en junio de 2023”.

Un telegrama de hace 40 años

El catedrático de Derecho Internacional Privado de la UAB Rafael Arenas ha comparado este tipo de mensajes con el telegrama enviado hace 40 años por la Consejería de Educación. “Estando obligado a participar en el concurso general de traslados y habiéndose recibido vuestra solicitud demandando solo vacantes de Cataluña, se le requiere a fin de que en un plazo de cinco días naturales demande plazas fuera de Cataluña ya que no ha superado la prueba de catalán”, rezaba el documento. Corrían los años 80 y “la exigencia de la demostración de una competencia suficiente en esa lengua se impuso también a los funcionarios que habían obtenido plaza en Cataluña, a los que se les obligó a pedir concurso de traslado fuera”, explica Arenas.

Recuerda que la docencia era casi exclusivamente en castellano y la introducción del catalán “no debería haber causado ese vaciado de profesores porque, constitucionalmente, el sistema educativo debía incluir tanto el catalán como el castellano”. Pero, según Arenas, el objetivo del Gobierno de Jordi Pujol y su Programa 2000 era utilizar la educación como arma nacionalista. “Otra Cataluña hubiera sido posible si no se hubiera producido ese éxodo que redujo la pluralidad del sistema educativo y facilitó la consolidación del ilegal sistema de inmersión”, afirma Arenas.

Cerca de 14.000 profesores abandonaron Cataluña por este motivo, según explica Antonio Robles en su libro Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña.