Unas 300 personas claman a favor del monolingüismo en Canet

Alrededor de 300 personas se han manifestado este viernes por la tarde en las inmediaciones de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) que ha ordenado impartir un 25% de las clases en castellano tras la denuncia de la familia de un alumno de P5.

La marcha, convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y el sindicato Intersindical-CSC, ha empezado en la Font del Drac, un parque cercano al colegio, y se ha dirigido hacia el centro de la población costera, un trazado que ha evitado pasar frente a la escuela donde se ha generado la polémica. La concentración ha concluido en la biblioteca del municipio, donde la organización ha leído un manifiesto ante gritos de "dimisión" contra las instituciones implicadas en la gestión de la educación en Cataluña. 

Esquivar las cautelares

La portavoz del SEPC, Marta Daviu, ha exigido al Govern que no deje el cumplimiento de la sentencia en manos de los centros y ha llamado a la "desobediencia" de la consejería, el estudiantado y el profesorado. A su vez, el portavoz de la Intersindical-CSC, Bernat Pèlach, ha pedido a la consejería que "busque estrategias para no tener que cumplir esta sentencia" sin poner en riesgo a la dirección, incluso estudiando asumir el control directo del centro.

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez Cambray, visitó ayer jueves el centro para apoyar a su dirección hasta ver "cómo aplica estas medidas cautelares", e insistió en que la decisión del TSJC se dirige directamente a los responsables de la escuela.

Orden del TSJC

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado este viernes a la consejería y a la dirección del colegio "adoptar las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad" de la familia que denunció el proyecto lingüístico del centro.

También este viernes la Fiscalía Provincial de Barcelona ha informado que ha incoado diligencias de investigación por un presunto delito de odio, a raíz de las denuncias por las amenazas que habría recibido la familia del menor, si bien fuentes del ministerio público han confirmado que las diligencias se encuentran aún en estado muy "prematuro".

La alcaldesa denuncia amenazas

Por su parte, la alcaldesa de Canet, Blanca Arbell (ERC), tras la manifestación, ha denunciado que el ayuntamiento y la escuela han recibido amenazas telefónicas, por lo que ha avisado que han instalado un sistema para grabar la voz de las personas que llaman con tono amenazante.

Arbell, en cambio, ha negado que se hayan producido amenazas y coacciones contra la familia acosada: "Son dos tuits y de personas que no son de Canet. Es una manipulación para dar bombo y platillo a una situación que no existe". También ha desmentido a la familia afectada la diputada de JxCat Glòria Freixa (JxCat). Mientras que la diputada Dolors Sabater (CUP) ha asegurado que la inmersión "no genera conflicto".