Compre una sede de CDC: nadie quiere nueve de los locales de Convergència en Cataluña

Nueve sedes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) están sin comprador. El administrador concursal que tutela el proceso de insolvencia del partido nacionalista ha ordenado poner a la venta de forma directa los antiguos cuarteles generales de la formación por la que ningún inversor cualificado pujó en la primera subasta.

Como avanzó este medio, el juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona sacó al mejor postor hasta 25 antiguas oficinas del partido a finales del año pasado. La subasta, que tuteló la firma especializada IAG Auction, terminó con 16 activos colocados por un precio que se desconoce. Pero nadie pujó por los otros nueve. Los que lo hicieron ofrecieron un precio “muy por debajo de mercado”. De derribo. Y el tribunal que lleva la quiebra las rechazó. 

Venta directa

Así lo explican los portavoces de la partida mercanti. Precisan que las fincas sin garantías reales --sin hipotecas o libres de cargas-- "fueron un total de 25". Estos activos se liquidaron en subasta extrajudicial, en la que se “aceptaron algunas de las mejores posturas”.

Según los mismos interlocutores, “otras no han sido aceptadas” porque se hicieron llegar “precios muy inferiores al valor estimado de mercado”. Son los nueve inmuebles que ahora se colocarán mediante un proceso de venta directo. Es decir, al uso. 

Una sede de CDC, por 106.000 euros

Fuentes cercanas a IAG Auction confirman la operción. En cuanto a la firma encargada de buscar intersados, ha preferido no comentar la información para este medio, remitiéndose al trabajo del administrador concursal. La documentación publicada para esta segunda venta del portafolio de CDC sí da algunas claves. Las sedes de Convergència que fueron embargadas y han quedado sin comprador son las de Amposta, Figueres, Capellades, La Pobla de Segur, Lleida, Mora d’Ebre, Sant Boi de Llobregat, Tarragona y Tortosa.

¿Su precio? Desde los 106.000 euros que cuesta el cuartel general de Sant Boi a los cerca de 349.000 euros que les costará a inversores --o a nostálgicos de CDC-- hacerse con tres locales de la avenida Catalunya de Tarragona, desde donde operaban los convergentes antes de fragmentarse en diversos partidos.

Para pagar la responsabilidad civil

Cabe recordar que este el segundo intento de sacar partido al inmobiliario del partido desaparecido se enmarca en el proceso concursal de la formación, que reconoció su insolvencia e inició el proceso pertinente. En dicho procedimiento, la administración judicial es acreedora, pues la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó el decomiso de 6,6 millones de euros al partido del que formaban parte los expresidentes autonómicos Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont para hacer frente a la responsabilidad civil derivada del caso Palau.

La segunda instancia judicial busca los 6,6 millones después de que la sentencia del expolio de la institución cultural confirmara que CDC cobró mordidas por medio donaciones canalizadas a través de la institución cultural. Fiscalía pidió a la Audiencia que se ejecutara el embargo al PDECat, el nombre con el que se refundó en un primer momento el partido. Su petición fue rechazada, pues se consideró que no son la misma formación política.

Saqueo del Palau

El monto económico que debe hacer frente CDC debe reingresarse a las instituciones del Palau de la Música. Son tres, el consorcio, la fundación y la asociación. Todo ello, después de que quedara confirmado por el Tribunal Supremo en 2020 que el expresidente del Palau, Fèlix Millet, y su exdirector general, Jordi Montull, participaron en la trama de pagos irregulares al partido en la que también se enriquecieron de forma personal. 

Se pudo demostrar el pago de comisiones por parte de Ferrovial a Convergència a cambio de la obtención de licitaciones de obra pública por medio del Palau de la Música. CDC se quedaba entre el 4%, mientras que Millet y Montull se embolsaban ente el 2,5% y el 1,5% del total del contrato. 

La sede central, no

Ante esta resolución judicial del alto tribunal, la Audiencia pidió el comiso de bienes por valor de 6,6 millones a los convergentes. Pero ningún partido se ha declarado heredero directo de la formación, por lo que la justicia no puede cobrarlos. Es ante esta realidad que los tribunales mercantiles deben buscar otras formas de sacar partido a los activos que sí estaban en manos del partido hasta que implosionó. De esta forma se inició la subasta de bienes, primero, y la venta directa, después.

Entre los activos que figuran en el proceso no está el que fuera cuartel general central de Convergència, sito en la calle Córcega de Barcelona. El edificio fue comprado por el vehículo inversor Platinum Estates, que proyectó una promoción residencial de alto nivel. La operación colapsó por las trabas del ayuntamiento al inmobiliario, por lo que el fondo de inversión lo ha puesto a la venta, tal y como avanzó Crónica Global. La nueva colocación en el mercado sigue su curso.