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El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, en un pleno del Congreso.

UDC vende sus sedes porque, a diferencia de CDC, 'no están embargadas'

El último informe del Tribunal de Cuentas cifraba en 16,7 millones la deuda del partido democristiano

María Jesús Cañizares
2 min

Los resultados electorales del 20D serán determinantes para Unió Democràtica de Catalunya (UDC), pues de ellos depende el futuro de un partido con 84 años de historia. Sea porque las encuestas no son halagüeñas, sea porque se avecinan apuros económicos dentro del partido (o por ambas cosas), lo cierto es que la formación socialcristiana ha comenzado a vender algunas de sus sedes para obtener liquidez.

'Vendetta'

Así lo ha reconocido el propio líder del partido, Josep Duran Lleida, en una entrevista en TV3. Hábil en hacer de la necesidad virtud, el cabeza de lista de Unió ha recordado que, a diferencia de Convergència, sus sedes no están embargadas, lo que posibilita la venta. Esta explícita alusión a la corrupción que salpica a sus antiguos socios de CiU sonó a 'vendetta', aunque los democristianos también tengan manchas en su historial –casos Turisme, Pallerols…-. Las pullas hacia Convergència se produce con un pacto anticorrupción recién firmado por los partidos catalanes –excepto el PP—en plena campaña electoral. 'No tenemos el patrimonio embargado y si nos tenemos que vender las sedes para pagar la deuda, lo haremos'.

Para Duran, el 20D es su última oportunidad de continuar en política. En las elecciones autonómicas del pasado 27 de septiembre, UDC no obtuvo representación parlamentaria. Los sondeos de intención de voto apuntan a que en las generales tampoco obtendrá escaño. En medios políticos se da por asegurado que, si se confirman esos augurios, UDC podría disolverse. Las pérdida de subvenciones públicas que implica no tener grupo parlamentario supone un mazazo económico para cualquier partido.

El último informe del Tribunal de Cuentas sobre las finanzas de los partidos políticos señalaba que, al cierre de 2012, Unió tenía una deuda financiera de 16,7 millones de euros, de los que 4,4 millones correspondían a deuda hipotecaria. Este órgano fiscalizador recomendaba recortar gastos para enjuagar esa situación deficitaria.