La acusación popular del ‘caso Mercurio’ pide que se investiguen más las adjudicaciones ‘a dedo’

La plataforma Sabadell Llibre de Corrupció (SBDLC), que ejerce de acusación popular en la pieza 31 del caso Mercurio, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell que se abran diligencias complementarias a la pieza para conocer las cuantías económicas de las personas contratadas supuestamente “a dedo” en los Consorcis del Consell Comarcal y en la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB).

La plataforma incide en que conocer la cuantía y el periodo de las “contrataciones indiciariamente irregulares” es clave para tipificar el delito y para formular el pertinente escrito de acusación.

Prisión para Manuel Bustos

La pieza 31 investiga la contratación irregular de Marta Solé Costa y de la ex-concejala socialista de Sabadell Anna Carrasco en el Consorcio para la Gestión de Residuos del Vallès Occidental, y de Carmen Sendrós Díez en la AMB.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita en su escrito tres años y siete meses de inhabilitación y una multa de 200.000 euros para el exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, por un presunto tráfico de influencias, así como cinco años de prisión, cinco de inhabilitación y una multa de 5.500 euros por presunta falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos.

La misma pena para su hermano

Para su hermano, Paco Bustos, que también fue concejal en Sabadell (PSC), solicita cinco años de prisión y cinco de inhabilitación especial, con una multa de 5.500 euros por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía también solicita 12 años de inhabilitación por presunta prevaricación administrativa para Francisco Fernández, el exgerente del Consorcio de Residuos, Turismo y Empleo del Vallès Occidental.

El exalcalde, en prisión

Sin embargo, la plataforma SBDLC considera que antes de formular la acusación “se tiene que saber cuánto dinero se ha malversado” y por eso solicitan al juez investigar las cuantías presuntamente malversadas antes de presentar su escrito.

En 2018 la Audiencia de Barcelona condenó a tres años de prisión a Manuel Bustos por dos delitos de tráfico de influencias al ordenar a la Policía Local que retirara varias multas de tráfico que le habían puesto a su mujer y sus hijos en 2012, mientras él era alcalde del municipio. Por estos hechos, Bustos ingresó en prisión el pasado 12 de enero. El socialista acumula ya tres condenas por el caso Mercurio a la espera de que se celebre el juicio por esta pieza separada en la que se le acusa de haber cometido presuntas irregularidades en la contratación en varias administraciones públicas.