Localizar bienes inmatriculados en Cataluña, misión imposible

El pasado lunes, tras una reunión del presidente del Gobierno Pedro Sánchez con el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, la Iglesia admitió la inmatriculación irregular de más de un millar de inmuebles, y se comprometió a devolverlos a sus propietarios.

Procedimiento legal

“La inmatriculación es un procedimiento completamente legal, que contempla la Ley Hipotecaria y que afecta, no solo a bienes de la Iglesia, sino también a corporaciones públicas, como ayuntamientos o el Estado”, explica a Crónica Global el decano del Colegio de Registradores de Cataluña, Vicente García-Hinojal.

Listado de bienes de la Iglesia durante la vigencia de la reforma de la ley hipotecaria

La modificación de las normas hipotecarias en 1998 durante el Gobierno de José María Aznar permitió ese proceso extraordinario de matriculaciones hasta 2015, cuando una nueva reforma puso fin a esas facilidades. “El proceso comenzaba con el ecónomo diocesano, que certificaba que la propiedad pertenecía a la Iglesia, y se complementaba con una certificación catastral que debía coincidir exactamente con la descripción. A continuación, los registradores hacíamos la pertinente búsqueda y, si no había beneficiarios, se inscribía”, afirma García-Hinojal.

Propiedades que ya no existen

Advierte este profesional de que “es muy posible que muchos de esos bienes ya no existan porque la Iglesia nunca ha tenido el control físico de muchas fincas que, con el tiempo, se han anexionado a otras colindantes, han desaparecido, han sido indebidamente inscritas o doblemente inmatriculadas”.

Esta figura, la de la doble inmatriculación, corresponde a situaciones en las que “por ejemplo, una persona deja la finca a la Iglesia, a veces de palabra, lo cual en según qué ámbitos valía más que un papel, y no la inscribe. Su hijo lo ignora y la hereda, por lo que el registro la inscribe a su favor”, indica el decano.

El concejal del Ajuntamiento de Peramola (Lleida) y consejero del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Toni Mas (Compromís), conoce bien estas zonas, escenario de frecuentes conflictos por lindes, anexión de fincas y expropiaciones. “Hay muchos matices en esa polémica. De hecho, todos los bienes de la Iglesia deberían ser públicos, definiendo gestión y uso”, afirma. Asegura que tanto en Alt Urgell, como en Andorra, “el obispado tira mucho. Siempre se ha sentido más cómodo con el sector carlista de la sociedad, que hoy está integrado en ERC y Junts”.

¿Dónde está 'el cofre'?

Tal como ya publicó este medio, en esas zonas de la Cataluña vacía, el patrimonio que la población longeva acumula da lugar a todo tipo de transacciones, en algunos casos no del todo formalizadas. Algunas personas optan por retrasar sus últimas voluntades, pues se muestran reacias a nombrar herederos a descendientes que “no han sido precisamente ejemplo de afecto. Se resisten a revelar la ubicación del cofre, que es como se llama a la acumulación de fincas rústicas cuya tenencia suele estar en manos de otros”, explica Mas.

Pere Aragonès y Ester Capella durante una visita a la ermita de Vallhonesta

En las zonas rurales es frecuente la figura del vitalicio, una especie de renta que se obtiene hasta el fin de la vida, a cambio de la cesión de un patrimonio. “Esto hace que desde tiempo inmemorial, las entidades religiosas hayan acumulado fincas y dinero", explica.

En 2013, la Asamblea Anual de la Cofradía de la Virgen del Claustro, dedicada a promover el culto a la patrona de Solsona, dio cuenta del balance económico de la entidad, que generó en 2012 un superávit de 26.000 euros, especialmente gracias a los ingresos de las fincas rústicas y urbanas.

Denuncia de Unió de Pagesos y los micropueblos

Ni el acto de contrición de la Iglesia sobre esos bienes que no le pertenecen, ni las negociaciones mantenidas con el Gobierno español, satisfacen a Unió de Pagesos y la Associació de Micropobles de Catalunya, pues recuerdan que el presidente Pedro Sánchez se comprometió a realizar modificaciones legislativas para revertir estas inmatriculaciones.

Sostiene que los listados de bienes inmatriculados son incompletos y ocultan la dimensión real del problema. Ambas partes denuncian que en el listado de 34.961 bienes que el Gobierno presentó en el Congreso no reflejaba las inmatriculaciones realizadas entre 1947 y 1998, por lo que la cifra real se estima muy superior. Por ello, reclaman a la Administración que se lleve a cabo un recuento más exhaustivo.

En 2018, Unió de Pagesos compareció en  en la Comisión de Justicia del Parlament y pidió por escrito a la entonces consejera de Justicia, Ester Capella, las notas simples del registro de la propiedad, pero “el Govern no atendió nuestras peticiones”, aseguran.

El listado de la Generalitat

Dos años más tarde, la Generalitat publicó un listado con 3.722 inmuebles inmatriculados a nombre de la Iglesia [el mapa se puede consultar en este enlace], cifra extraida de las inscripciones hechas entre 1946 y 2015, de las que un 58% están situadas en Lleida, principalmente en las comarcas del Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Alt Urgell.

Del total de inmuebles, un 41% eran fincas rústicas y un 50%, construcciones dedicadas al culto, como templos, ermitas, cementerios, santuarios, etcétera. Un 9% son edificios, como rectorías, garajes o palacios.

Pero el sindicato agrario y la Asociación de Micropueblos elevan a 8.000 las inmatriculaciones. Por este motivo, anuncian que acudirán de nuevo al Parlament para reclamar la publicación de estas notas simples y descubrir la dimensión real de esta práctica.