El independentismo frena la reforma de la financiación autonómica

La propuesta del Gobierno para modificar el sistema de financiación autonómica, preliminar pues hay un año de negociación por delante, ya nace con polémica. Siempre la hubo en torno a este modelo de reparto del gasto y competencias tributarias, que las diferentes reivindicaciones territoriales han convertido en un sudoku. El independentismo catalán niega la mayor, esto es, que la negociación multilateral aporte a Cataluña los ingresos que realmente necesita. El modelo está caducado desde hace siete años debido no solo a la desidia del PP, sino también a la resistencia de un Govern que en su día fue motor de esa revisión del sistema. La Generalitat se desmarca de los debates, a pesar de que una de las medidas a estudiar es la condonación parcial de la deuda autonómica.

El consejero de Economía, Jaume Giró, sostiene que el documento que el Ministerio de Hacienda envió hace unos días “no es una propuesta de modelo de financiación, sino un documento sobre población ajustada, que no es representativo de la situación real de Cataluña y que las variables que apunta la perjudicarían”.

Plena soberanía

Según Giró, Cataluña “necesita la plena soberanía”, tanto política como fiscal. Y si en un futuro hay una propuesta real que pueda aportar más recursos para Cataluña, está dispuesto “a sentarse y escuchar”. Pero en estos momentos “no hay ninguna propuesta sobre la mesa. Solo esta de la cuestión de la población ajustada”.

Fuentes conocedoras de esos contactos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades autónomas advierten de la necesidad de designar a un comité de expertos para que haga una propuesta con sus reivindicaciones. Admiten que, hasta ahora, el sistema de financiación autonómica “ha sido poco transparente y se han asignado partidas de forma caprichosa, tirando de los fondos creados para satisfacer a todos”. Se refiere a los cuatro fondos que canalizan las transferencias estatales hacia las comunidades autónomas y redistribuyen recursos entre ellas: el de Garantía, el de Suficiencia, el de Cooperación y el de Competencia. Cantabria ha sido la gran beneficiada, mientras que la Comunidad Valenciana y Baleares aparecen como los más perjudicados.

Reparto 'ad hoc'

Giró no es el único en criticar esa primera propuesta. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), considera que algunas de las medidas del ministerio “son cuestionables por su arbitrariedad”. En un extenso informe, asegura que “el ministerio ha asumido el esquema de cálculo propuesto por la CERFA (Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica) y muchos de los elementos de su propuesta, pero introduce también algunas novedades significativas. Algunas de ellas son modificaciones de carácter técnico, que en ocasiones mejoran la propuesta inicial, pero otras son bastante más discutibles”. Entre estas últimas “hay dos especialmente objetables por cuanto suponen volver a caer en uno de los vicios más persistentes de nuestro sistema de financiación: la tendencia a intentar hacer ‘trajes a medida’ en vez de buscar reglas generales de reparto sensatas. Se trata en particular del peculiar reparto ‘por bloques’ de la partida de costes fijos que se propone y de la introducción de una nueva variable de despoblación que resulta conceptualmente innecesaria y se construye de ad hoc para primar a determinadas regiones”.

Dicho de otra manera, según De La Fuente, el informe del ministerio –ocupa 240 páginas y se puede leer en este enlace-- argumenta que es necesario primar especialmente a determinadas comunidades que tienen zonas particularmente despobladas, lo que no resulta obvio, y salta de aquí a una formulación específica que está hecha a medida para favorecer a Aragón, Extremadura y las dos Castillas.

¿Un guiño del Gobierno a la España vacía, ese movimiento que ha irrumpido con fuerza en el panorama político español?

Condonación de la brecha de financiación

Las citadas fuentes implicadas en la negociación de la nueva financiación precisan que el criterio poblacional solo es uno entre las múltiples variables a tener en cuenta. “El sistema actual no colapsó en la crisis de 2009 gracias a esos fondos, pero se necesita un sistema más robusto ante los nuevos cambios de ciclo económico que vendrán”, explican. En este sentido, uno de los objetivos es que el déficit sea aceptado por el Estado, y no por las autonomías. Incluso se estudia la posibilidad de condonar parcialmente la deuda de las comunidades, como sugiere Antoni Zabalza, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y ex secretario de Estado de Hacienda entre 1991 y 1993 con el Gobierno de Felipe González. Sugiere el economista en un estudio [leer en este enlace] condonar a las comunidades autónomas aquella parte de su deuda que corresponde al comportamiento óptimo de estas en el contexto de estrés financiero en el que tuvieron que desenvolverse en el periodo 2007-17. Es decir, condonar a cada comunidad el 54% de su brecha de financiación.

Condonación parcial de la deuda autonómica / ZABALZA

De las 15 comunidades de régimen común, 13 muestran una brecha de financiación positiva (sus necesidades han crecido más que sus recursos) y dos, Asturias y Extremadura, una brecha negativa (sus necesidades han crecido menos que sus recursos). De las 13 con brecha positiva, Valencia, Madrid, Baleares y Cataluña la tienen por encima de la media (17,1%) y las nueve restantes por debajo. Ante estos niveles de subfinanciación, el 54% de la brecha de financiación de cada comunidad es el déficit que se justifica para esta comunidad por las condiciones a las que estuvo expuesta.

El comité de Montoro

La polémica que genera la financiación es común a casi todos los países federales, donde se buscan criterios niveladores perdurables. Y aunque no prosperó, el exministro de Hacienda del Gobierno del PP Cristóbal Montoro impulsó un comité de expertos en 2017 cuyo dictamen, admiten incluso desde el PSC, "era muy bueno. Analizaba el modelo de países federales como Bélgica, Alemania, Canadá, Estados Unidos o Australia, y alcanzó un grado de consenso. Ningún hacendista serio apoya la recentralización, como tampoco el concierto fiscal, una excepción de País Vasco y Navarra".

Entre los miembros de aquel comité de expertos estaba Ángel de la Fuente, así como la catalana Maria Antonia Monés, catedrática de Economía, que fue del Gobierno tripartito y que defendió las reivindicaciones financieras de Cataluña, pero sin quebrar la solidaridad general.

Para el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos “la financiación autonómica siempre se ha saldado de la misma manera: repartiendo más dinero a las autonomías”. “No me extrañaría --prosigue-- que vuelva a suceder lo mismo. Siempre hay dos frentes: los que quieren recibir según la población y los que quieren recibir según los kilómetros cuadrados. Los primeros son la España habitada y los segundos la vacía”.

El criterio del PIB per cápita

A su juicio, “el criterio debería ser que nadie de la habitada reciba menos de lo que le corresponde por superficie y que nadie de la deshabitada reciba menos de lo que le corresponde por población. De esta manera, se limitan las transferencias de renta. No obstante, según los parámetros que adopte el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública salen más beneficiadas unas u otras”.

Bernardos cree que, dentro de los márgenes anteriores, “el principal criterio debe ser el PIB per cápita. Los que tienen mayor PIB deben financiar a los que menos y el 75% de lo neto recibido se debe destinar a generar actividad económica para reducir la brecha entre comunidades”. Está seguro de que no será así.

Para Bernardos es “completamente injusto que un catalán del distrito de Sant Gervasi esté dispuesto a financiar parcialmente a uno del distrito de Nou Barris o de Lleida y, en cambio, se niegue a hacerlo a un catalán que vive en Extremadura”.

Financiación autonómica 'versus' déficit fiscal

El independentismo siempre ha intentado vincular el debate sobre la nueva financiación al déficit fiscal catalán, que ahora eleva ya a 20.000 millones, con base en mediciones que tienen en cuenta el flujo monetario –computa como gasto solo el que se hace en el territorio en cuestión, por ejemplo una infraestructura concreta--, y no el flujo carga-beneficio –contempla como gasto todos los que generan bienestar en la región, por ejemplo las embajadas o el Ejército--.

Bernardos precisa que las balanzas fiscales “están realizadas según muchas suposiciones y, según quién las calcula, dan resultados muy diferentes. Por eso, el criterio para adoptar un modelo u otro es político. En este caso, el Gobierno debe decidir si apoya principalmente a las más pobladas o a las menos y a las que tienen más renta o a las que menos. Todas tienen intereses y estos pueden ser totalmente contrarios a los de un gobierno autonómico de la misma ideología (por ejemplo, Extremadura versus Comunidad Valenciana).