El TSJC avala las restricciones del Govern por Navidad

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) ha dado el visto bueno a las medidas aprobadas por el Govern para frenar la sexta ola de Covid-19 en Cataluña. Así lo ha comunicado el Ejecutivo de Pere Aragonès, que ha anunciado antes que el mismo tribunal que ha recibido el aval a limitar derechos fundamentales como son el toque de queda en 126 municipios y limitar a 10 las reuniones tanto en restaurantes como en domicilios particulares. 

Además, también se limitará al 50% el aforo en el interior de bares y restaurantes y se cierra el ocio nocturno durante, al menos, 15 días. Todo ello, ante la expansión de la variante ómicron de coronavirus, que ya es mayoritaria en Barcelona. 

Oposición de Fiscalía

La decisión de la sección tercera de lo Contencioso-Administrativa del TSJC choca con la posición de la Fiscalía de Cataluña. El ministerio público ha remitido un informe esta mañana a los magistrados en el que mostraba su rechazo a las medidas que restringen derechos fundamentales al asegurar que el Govern no las había justificado como era debido.

Finalmente, la evolución epidemiológica de los últimos días ha sido considerada como la principal prueba de que se debe optar por iniciativas que fuercen limitar la interacción social en unas fechas que invitan a lo contrario. 

Caos comunicativo

El espaldarazo del TSJC a las restricciones llega en mitad de un galimatías comunicativo desde la Generalitat. En menos de una semana, el Govern ha pasado de negar medidas anti-Covid por Navidad a aplicar las limitaciones más duras de toda España. Todo ello, después de que el Ejecutivo autonómico se manifestase a favor de la inmersión y de que Lluís Llach celebrase un concierto multitudinario sin apenas prevenciones sanitarias.

Asimismo, este mismo jueves, la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, ha reconocido que solo han solicitado el aval del TSJC para el límite de reunión, el toque de queda y la reducción de aforo al 70% en lugares de culto. En sus palabras, no han elevado a la justicia la petición para cerrar las discotecas y reducir el aforo de la restauración al 50% porque no necesitan permiso para ello, dado que no afectan a derechos fundamentales.