La marcha contra el castellano evidencia la falsa unidad independentista

Estaba llamado a ser un acto de reafirmación independentista. Pero el resultado fue más desunión. La manifestación a favor de la inmersión celebrada ayer en Barcelona no solo desveló que la política lingüística de la Generalitat es precisamente eso, partidismo. Y que los socios del Govern siguen a la greña, por mucho que las sentencias judiciales les haya permitido en las últimas horas aparentar unidad estratégica.

Joan Canadell en la manifestación de Som Escola

Así, mientras Esquerra intentaba liderar la marcha organizada por Som Escola con el presidente Pere Aragonès en la cabecera de la manifestación, Junts per Catañunya (JxCat) volvía a las andadas, agitaba las acusaciones de botifler contra sus socios y se adelantaban al Govern y acudían a la Ciudad de la Justicia para presentar una querella contra el líder del PP, Pablo Casado, por manifestaciones sobre el acoso a niños castellanohablantes.

Desde hace días, el Govern caldeba el ambiente para que los defensores de la inmersión, esto es, de limitar el castellano a una presencia testimonial en el sistema educativo catalán, salieran a la calle para protestar por las sentencias judiciales que ordenan a impartir un 25% de horas lectivas en castellano. De nuevo, el enemigo exterior era la Justicia, que después de 30 años de resistencia a cualquier tipo de revisión del monolingüismo por parte de los gobiernos catalanes –Miquel Iceta decía ayer en sus despedida como primer secretario del PSC que quizá los independentistas habían tenido algo que ver en el retroceso del catalán--, daba firmeza a sus resoluciones.

Pancarta contra la inmersión en la manifestación en contra del castellano / LUIS MIGUEL AÑÓN

Tras la solemne cumbre sobre el catalán, celebrada en Palau, Aragonès animó a los ciudadanos a salir a la calle para demostrar así que “la escuela no se toca”. Dicho de otra manera, la protesta debía visualizar que la sociedad civil apoya la estrategia del Govern. Como ya se había hecho en los años más convulsos del procés gracias a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium. Las mismas asociaciones independentistas que ayer acudieron a la marcha a modo de nostálgico recuerdo de aquellos años de desafío secesionista y unidad pétrea entre ERC, JxCat y CUP.

Nostalgia, eso es. Porque la unidad volvió a estallar en mil pedazos cuando la manifestación enarboló banderas estelades, cánticos a favor de la independencia y, sobre todo, carteles con la palabra botifler, en referencia a Esquerra. Fue el diputado neoconvergente Joan Canadell, que se hizo con uno de esos pasquines, quien personificó de nuevo la presión del sector más radical del separatismo. El que cuestiona el diálogo de Esquerra con el Estado –y la “Justicia represora” forma parte del mismo—y no se fía del compromiso de Aragonès con la desobediencia a las sentencias judiciales.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la manifestación contra el castellano en las escuelas / LUIS MIGUEL AÑÓN

Durante la manifestación hubo tensión entre independentistas por ese motivo. Y también entre quienes, de buena fe, acudieron a la protesta convencidos de que la inmersión es buena para todos y que no entiende de partidos. Luego, como demuestran las encuestas y las decisiones privadas de los propios dirigentes políticos, es el multilingüismo la opción preferida.

Los comunes, en medio del fuego cruzado

En Comú Podem, socia presupuestaria de ERC, se encontró en ese fuego cruzado entre socios. Todos compartieron las críticas contra Casado, por asegurar que en Cataluña hay profesores que no dejan ir al baño a los niños si hablan en castellano y que en el recreo, les meten piedras en la mochila. Era la coartada que necesitaban secesionistas y comunes para justificar una manifestación, a la que también acudieron los líderes catalanes de CCOO y UGT, de rechazo a las familias que reclaman más horas de castellano en las escuelas, no que desaparezca el catalán.

Una coartada, y también una ocasión para que JxCat judicializara la cuestión y se presentara por la tarde en el juzgado para denunciar al líder del PP por por calumnias, injurias e incitación al odio. Los neoconvergentes se adelantaban así al presidenta Aragonès, que horas antes, había anunciado que los servicios jurídicos del Govern estudiaban presentar una querella contra el popular.