El partido de Ada Colau pone en duda que Jersey sea un paraíso fiscal

Lo dice el Ayuntamiento de Barcelona en una respuesta a ERC a la que ha accedido este medio. Según el razonamiento del gobierno municipal, la isla de Jersey no debe ser considerada paraíso fiscal para la Administración local porque "no se encuentra, ni se encontraba en el momento de licitación del contrato, dentro del listado elaborado por la Unión Europea de territorios considerados como paraísos fiscales". 

Oxfam la considera paraíso

En efecto, las instituciones comunitarias no incluyen a Jersey en su lista negra de "juridicciones no colaborativas". Es el criterio de Bruselas, pero hay otros. Oxfam sí considera la isla del Canal de la Mancha un territorio que compite de forma desleal para inversiones. También considera Jersey un paraíso fiscal la Tax Justice Network. 

Hay más. La asociación civil calcula que los fiscos europeos pierden 1.470 millones de euros (1.251 millones de libras) cada año en el "abuso" que significa tener un territorio junto a Jersey junto a la Unión Europea. Pese a ello, Barcelona en Comú no lo considera un enclave offshore a efectos de contratación pública municipal. 

Defiende contratar a DomusVi

De este modo, el área de la concejal Laura Pérez justifica la adjudicación de la mitad de la atención a la dependencia de Barcelona a Servisar, una filial de DomusVi. Le pagará 96 millones de euros para dos años, ampliables a otros dos. Lo hará pese a que DomusVi opera en España desde una matriz situada en Jersey, avanzó Infolibre. 

Aún con ello, desde el ayuntamiento se defiende que no incumplió el decreto de alcaldía que prohíbe al Ejecutivo local "tener trato jurídico" con empresas vinculadas a paraísos fiscales aprobado en 2016. "En el pliego de cláusulas administrativas se siguieron las pautas establecidas" por esta norma, subraya el gabinete de Colau y Laura Pérez. 

ERC: "Algo no funciona"

En declaraciones a este medio, Montserrat Benedí, concejal republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, ha recordado que "la empresa ganadora de dos de los lotes [del servicio SAD] no cumple con la guía de contratación social del consistorio". Ello es así porque la norma establece que "no se debería tener relación económica ni financiera con un país considerado paraíso fiscal". 

La edil independentista ha subrayado que "este punto se incluía de forma específica en el pliego de condiciones de las cláusulas administrativas del concurso". Se impone, agrega Benedí, "valentía y voluntad política" para cumplirlo. "Cuando se buscan excusas como el hecho de que la empresa en cuestión no figura en la lista de paraísos fiscales según la UE, es que algo no marcha bien". 

En 2020, Colau había vetado a cero empresas

De hecho, la Administración local no ha sido excesivamente proactiva en la aplicación del decreto antiparaísos fiscales. Por dos motivos. Uno, porque en mayo de 2020 admitió a la oposición municipal que había excluido a cero empresas en cuatro años, explicó este medio. Dos, porque el gobierno de Colau ha contratado a Mediapro en varios campos, incluida la promoción de vivienda social. 

Ello pese a que al matriz del grupo audiovisual que preside Jaume Roures admitió haber pagado un soborno vía Panamá, un paraíso fiscal que la Unión Europea sí considera como tal. Fue en el marco del llamado caso sobornos que salpicó a Imagina, cabecera de Mediapro, en Estados Unidos. Un testigo del procedimiento confirmó este extremo en sede judicial. Pese a ello, el gabinete de Colau ha confiado la promoción de pisos protegidos a una participada de Mediapro: Coyoacan Invest.