Avanza la legislatura y, con ella, la estrategia del principal grupo parlamentario, PSC-Units, que ha convertido la defensa de los Mossos d'Esquadra, la refundación de TV3 y la defensa del plurilingüismo en sus principales caballos de batalla. Sin duda, hay un cambio de tendencia en la formación socialista, liderada ahora por Salvador Illa, pues los socialistas catalanes no fueron siempre tan nítidos en estos postulados. Así, mientras la inmersión fue, durante años, un tema tabú, durante el gobierno tripartito con ERC e ICV no lograron controlar los medios públicos ni cerrar filas con la policía autonómica.
1. Defensa a ultranza de los Mossos
Sin matices, PSC-Units defiende la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra y las policías locales. Tanto en el Parlament como en el Ayuntamiento de Barcelona, donde sus acuerdos con Units per Avançar han propiciado que dos expertos en seguridad, como el diputado y exconsejero de Interior Ramon Espadaler, así como el teniente de alcalde, Albert Batlle, lideren esa estrategia frente a un gobierno independentista empeñado en hacer concesiones a la CUP.
La postura del PSC en esta materia era mucho más incómoda cuando gobernaba con ERC e ICV, ya que los ecosocialistas asumieron la gestión de la Consejería de Interior. La colocación de cámaras en las comisarías generó mucha tensión, tanto entre el Govern y los Mossos como entre los socios del tripartito. ICV reprochó a republicanos y socialistas que no defendieran al consejero Joan Saura cuando recibió críticas procedentes de diversos sectores, y que "se limitasen a apoyar al cuerpo de los Mossos".
Espadaler solemnizó el pasado viernes en la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial el rechazo a los pactos entre ERC y la CUP. Asegura el PSC en su plan de trabajo presentado que "el modelo policial en general y el de gestión del orden público en particular no están en cuestión. Cosa diferente es que uno y otro presenten aspectos mejorables”.
Recuerdan la alta puntuación que la ciudadanía otorga a los Mossos y las policías locales en la Encuesta de Seguridad Pública presentada en la Comisión de Interior el pasado 27 de octubre. A diferencia de los independentistas y los comunes, que ponen el foco en la vulneración de derechos humanos que, a su juicio, cometen los agentes contra activistas, el PSC se pone al lado de quienes “ven modificados o alterados algunos de sus derechos, entre los cuales está el derecho a la movilidad o a disfrutar del espacio público. En casos extremos, también puede sufrir daños en el patrimonio material, de la misma manera que hay afectaciones a bienes de titularidad pública”.
“La presencia de violentos en las manifestaciones --añaden-- y la vandalización de los espacios públicos o privados proyecta una imagen al exterior que puede acabar incidiendo en la imagen de la ciudad”. PSC ha descubierto cerca de mil actas levantadas por los Mossos contra radicales independentistas en manifestaciones de 2020 y 2021 que nunca llegaron a tramitarse. Los expedientes incluyen actas por altercados y lesiones y cortes en la vía pública.
2. La refundación de TV3
Desde que se convirtieron en el primer grupo del Parlament, los socialistas catalanes han tenido claro que son decisivos en la renovación de los cargos de TV3 y Catalunya Ràdio. Y no piensan ceder sus votos a cualquier precio. Una de las primeras acciones del “gobierno en la sombra” –una iniciativa heredada de Pasqual Maragall— fue la elaboración de un documento con las medidas que, según PSC, se tienen que aplicar para garantizar la neutralidad y la eficiencia de los medios públicos catalanes. Los socialistas catalanes perdieron la oportunidad de hacerlo durante los gobiernos tripartitos con ERC e ICV, ya que los republicanos ejercieron un férreo control, tanto en el ámbito cultural como el mediático.
“La última década de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) se caracteriza por una progresiva conversión de la televisión y la radio públicas en un altavoz de contenidos independentistas cada vez más radicalizados, en contraposición con el principio fundamental de pluralidad, inherente al servicio público audiovisual”, afirma el documento La refundación de la CCMA, debatido en la ejecutiva del partido el pasado mes de mayo [se puede leer en este enlace].
Las pugnas entre ERC y JxCat han impedido la renovación de los cargos para la que, según la ley aprobada en 2019, se necesita una mayoría de dos tercios. Eso convierte a los socialistas en imprescindibles. Los tres partidos han mostrado su predisposición a abordar esos cambios, ante la urgencia demostrada por los trabajadores de TV3 y Catalunya Ràdio, muy críticos con la politización de las cadenas.
El socialista David Pérez preside la comisión de control de la CCMA, donde la diputada Beatriz Silva se ha convertido en el azote de los actuales directivos de esos medios.
3. Adiós al tabú de la lengua
En materia lingüística, hay un antes y un después en los socialistas catalanes: el borrador de la ponencia marco que el partido debatió en su XIV Congreso en diciembre de 2019. En el texto, se denunciaba la “instrumentalización” de la lengua por parte de los nacionalistas, “especialmente en la escuela”, y se apelaba a la diversidad lingüística “defendiendo el catalán y el castellano a través de un modelo plurilingüe en la escuela” con la “flexibilidad” que requiera la “realidad sociolingüística”.
El texto final rebajó algo los postulados, pero quedó claro que el PSC apostaba por flexibilizar la inmersión, un tema hasta entonces tabú en las filas de los socialistas catalanes, que tenían las manos atadas por una ley de educación de Cataluña (LEC) que ellos mismos apoyaron. A riesgo incluso de protagonizar un conflicto con el PSOE, como ocurrió en 2009, cuando el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero propuso introducir la tercera hora de castellano en las escuelas catalanas. El Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV) lo rechazó, y criticó esa “invasión de las competencias”.
Sin embargo, la ejecutiva del PSC ya había abordado la cuestión en una reunión en la que varios asistentes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se produjera un conflicto lingüístico en Cataluña ante la radicalización de determinadas posturas independentistas.
Ese conflicto se ha recrudecido con la resolución del Tribunal Supremo favorable a que se impartan un 25% de horas en castellano. Salvador Illa, jefe de la oposición, expresó su respeto por las decisiones judiciales y aseguró que los socialistas mantienen un "compromiso claro" con el catalán como lengua vehicular, pero no ve mal que se imparta una materia en castellano además de la de lengua en sí. A su juicio, el porcentaje debería ser flexible para que cada centro pueda escoger en función de su situación.
Illa, muy criticado por utilizar el castellano en el Parlament –algo que tampoco era habitual por parte de los socialistas catalanes--, lidera ahora un partido sin apenas masa crítica, donde aquellas dos almas que convivían –en ocasiones a regañadientes— son ahora una sola voz.
Recientemente, la diputada del PSC-Units Rocío García ha presentado una moción en el Parlament que insta al Govern a incrementar los presupuestos y programas de apoyo al sector audiovisual "en catalán y castellano" como, a su juicio, corresponde a una "sociedad plurilingüe" como es Cataluña. Asimismo, reclama líneas de apoyo a asociaciones de escritores catalanes que escriben en castellano, y al sector editorial que produce en este idioma.