El Govern cuela su banca patriótica por la puerta de atrás

Pasó desapercibida, porque el tenso debate sobre los presupuestos de la Generalitat de 2022, que afloró la guerra entre formaciones independentistas, eclipsó otros temas. Pero el lunes, el Parlament también dio luz verde a la tramitación de la Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público –conocida como la ley de acompañamiento--, donde el Govern contempla la conversión del Institut Català de Finances (ICF) en una banca pública. Una operación compleja que pretende dar cumplimiento a una antigua aspiración soberanista.

Los grupos de la oposición consideran que la Generalitat intenta colar la reforma por la puerta de atrás para evitar el debate parlamentario. Y es que todavía colea la polémica en la que se vio inmersa esta entidad, dedicada a impulsar y facilitar el acceso a la financiación al tejido empresarial de Cataluña, por avalar con un fondo de diez millones a los dirigentes independentistas investigados por el Tribunal de Cuentas.

Objetivo histórico

Uno de los objetivos históricos del ICF es obtener la ficha bancaria para poder ser algún día un banco público europeo con autorización para operar como entidad de crédito. Y esto es precisamente lo que la ley de acompañamiento prevé en su artículo 49. En el mismo, la Generalitat contempla una modificación de la ley que regula el ICF con la finalidad de que pueda gestionar “los depósitos que constituyan otras instituciones públicas y eventualmente las privadas”, así como “labores de ejecución de los instrumentos financieros de los diversos programas operativos de la UE, por acuerdo del Govern”.

A juicio del diputado de PSC-Units, Jordi Riba, “nos plantean una modificación de calado para que el ICF pase a tener ficha bancaria de mercado. La posibilidad de captación de depósitos de privados se convierte en un cambio esencial en la naturaleza del Institut que no puede pasar por la puerta trasera, colada a hurtadillas en una ley de medidas”.

El socialista exige “un debate profundo, técnico, político y jurídico de cuál es la idoneidad de esta medida y cuáles son las posibilidades reales”. Y recuerda que ni siguiera el Instituto de Crédito Oficial (ICO) --adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos-- tiene ficha de mercado de estas características. A Riba le sugiere muchas dudas esta iniciativa y, en su interpelación al consejero de Economía, Jaume Giró, le preguntó: “Si ustedes llevan a cabo la captación de pasivos de privados, ¿soportará el ICF las calificaciones de rating del Banco de España y del Banco Central Europeo? De lo contrario, ¿qué haremos? ¿Qué responsabilidades asumirá la Generalitat por estas decisiones?”.

"Aseguradora patriótica"

Especialmente crítico se muestra el diputado de Ciutadans (Cs) Joan Garcia. “Ustedes han terminado transformando una cosa, o una herramienta, que era buena para la generación de dinamismo económico en Cataluña, en una aseguradora patriótica de malversadores. Ahora se preocupan por hacer una banca pública. Creo que es un error”.

De hecho, Cs estudia pedir dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre esta ley de acompañamiento y mantiene conversaciones con PP y Vox para que se unan a esta iniciativa, previa a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

El daño reputacional de los avales

En 2015, el Parlament convalidó un decreto ley del Govern que adaptaba el ICF a los requisitos de un banco público. Pero seis años después, este instituto sigue sin tener “ficha bancaria”. Para ello es necesario solicitar un informe al Banco de España y, después, pedir autorización al Banco Central Europeo. 

El Institut depende de la Consejería de Economía. Cuando Pere Aragonès era titular de este departamento, se comprometió a impulsar la conversión definitiva del ICF como banca pública de inversiones” para “liderar un plan de inversiones estratégicas vinculado al Plan Juncker y al Banco Europeo de Inversiones”. Sin embargo, tal como publicó Crónica Global, la operación para situar al Institut como avalista de las fianzas que pidió el Tribunal de Cuentas a los investigados por el procés dañó la reputación de la empresa pública y complicó las perspectivas de obtener una ficha bancaria del Banco de España.