La Fiscalía estrecha el cerco sobre la cúpula de Movilidad de Ada Colau

La Fiscalía de Barcelona ha empezado a tomar declaración a la cúpula del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona para determinar presuntas irregularidades en la concesión de licencias de motosharing. El ministerio público abrió diligencias el pasado febrero a la concejala Rosa Alarcón y a su mano derecha, Manuel Valdés López, gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras, para investigar su actuación en la ordenación del mapa municipal de movilidad compartida. 

Los responsables del consistorio que dirige Ada Colau acumulan varias denuncias por la gestión en la adjudicación del servicio de motos eléctricas. Seis altos cargos del departamento esperan a ser llamados a declarar ante el juez para defender la política emprendida en este sentido.

La denuncia

El Ministerio Público tiene previsto llamar a declarar a Valdés López en calidad de "investigado”. También contempla escuchar a la propia Alarcón; a su jefe de gabinete, Jesús Jiménez; a la gerente de urbanismo, Lorena Zurrón; a la persona que ejecuta sus actos y que mantiene la interlocución con los operadores; a la exdelegada de Movilidad e Infraestructuras, Eva Redó, y a su sustituta en el cargo, Dolors Ibáñez, que podrían declarar como “testigos”.

La empresa Global Mobility Sharing denunció a Rosa Alarcón y a Valdés López. Les acusa de haber cometido los delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias al lanzar el concurso de licencias de motorsharing. Asegura que se han cometido "irregularidades referentes a las actuaciones y omisiones engañosas y fraudulentas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona desde el año 2016 hasta hoy". Desde su punto de vista, "se han omitido de forma dolosa actuaciones para beneficiar a empresas del sector de la movilidad personal, así como actuaciones llevadas a cabo para intentar blanquear actuaciones ilícitas y provocando actos ilícitos a favor".

Supuestos tratos de favor

En la denuncia, se considera que la cúpula de Movilidad ha beneficiado presuntamente a determinadas empresas, como Ecooltra y Acciona, y que ha actuado "para proteger un oligopolio ilegal de determinadas empresas que empezaron a operar en Barcelona con motos de uso compartido con anterioridad a la adjudicación de licencias".

En paralelo a este proceso, el gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras también está inmerso en otra investigación que lleva a cabo la Oficina Antifraude. También investiga la adjudicación de un contrato por la vía de emergencia de 1,2 millones gracias al cual se ampliaron cuatro superillas --zonas restringidas al tráfico particular-- en el Eixample.