Defender los derechos de quienes no se manifiestan, dar voz a jueces y fiscales y analizar qué ocurre antes, durante y después de una protesta radical es el objetivo del plan alternativo que el PSC-Units presentará en la Comisión de Estudio creada en el Parlament --fruto de los acuerdos de investidura entre ERC y CUP-- dirigida a revisar el modelo policial catalán. La entrega del Govern a las exigencias de los cupaires provoca un fuerte malestar en los Mossos d'Esquadra y las policías locales.
El pasado 3 de noviembre, el Parlament constituyó la Comisión de Estudio del modelo policial, dando así cumplimiento a los acuerdos de investidura del presidente Pere Aragonès y los antisistema. El objetivo no es otro que hacer "la auditoría de Mossos más grande" hecha hasta ahora en el cuerpo de seguridad catalán, según palabras de la diputada cupaire Dolors Sabater.
Los miembros de la Comisión de estudio del modelo policial, que estará presidida por Dolors Sabater (CUP) / PARLAMENT
La comisión es el resultado de una propuesta de ERC, JxCat, CUP y En Comú Podem. Fue aprobada con los votos a favor de estos grupos, mientras que Vox, Ciudadanos y PP votaron en contra y PSC-Units se abstuvo. Se pretende con este órgano “implantar mecanismos independientes de control y fiscalización de estas actuaciones; la revisión del modelo de orden público y la posibilidad de plantear cambios”, así como reforzar “la transparencia en la información y los datos por parte del Departamento de Interior, y el análisis de las actuaciones de la división de información de los Mossos d'Esquadra y del seguimiento de activistas políticos”.
Sin embargo, los socialistas quieren presentar su propio modelo alternativo. Hay tiempo hasta el 19 de noviembre. Y aunque el rodillo independentista complica que las propuestas e iniciativas de comparecencias que presentará el diputado Ramon Espadaler prosperen, lo que pretende este grupo es “expresar la mirada de quien no se manifiesta”. Esto es, usuarios de la avenida Meridiana que durante años han sufrido cortes de tráfico protagonizados por activistas independentistas, a pesar de los informes contrarios de la Guardia Urbana, o de los comerciantes cuyos establecimientos son destrozados en las protestas radicales.
Antes, durante y después
En este sentido, PSC-Units quiere poner el acento también en “el antes, durante y después” de esas manifestaciones, en lo que respecta a los permisos, la mediación, las consecuencias. Es decir, “una revisión crítica” sobre esas protestas que se saldan con graves incidentes, daños personales y materiales. La idea de los socialistas es pedir la comparecencia de fiscales y jueces pues, a su juicio, también tienen mucho que decir sobre esas situaciones, frente a una CUP que exige al Govern retirar la acusación particular cuando los agentes de los Mossos resultan heridos, así como reducir el papel de la Brimo (antidisturbios) a su mínima expresión.
La publicación de un protocolo sobre el uso de foam es, junto a la creación de esta Comisió de estudio, fruto del pacto entre ERC y CUP. En ese protocolo, la Consejería de Interior contó con el asesoramiento de Aministía Internacional y el centro Iridia, dedicado a la defensa de los derechos humanos y que es recordado por su defensa a los antisistemas cuando, el 4 de febrero de 2006, un guardia urbano quedó tetrapléjico en un enfrentamiento entre agentes y jóvenes que intentaban acceder a un local okupado. Precisamente, en previsión del protagonismo que Iridia va a tener en ese órgano parlamentario, PSC-Units quiere presentar su propia propuesta.