El Govern cierra y archiva expedientes contra Idealista por ser contrarios a la doctrina del Supremo

La Generalitat, a través de la Agencia Catalana de Consumo (ACC), ha cerrado y archivado los expedientes sancionadores que abrió contra idealista, relacionados con el índice de precios de alquiler en Cataluña. Esto, según el portal inmobiliario, asume la improcedencia de responsabilizar a éste y otras páginas webs destinadas a este tipo de actividades económicas.

Idealista se queja de la falta de comunicación de estos hechos por parte de la Generalitat. Según el portal, tan solo se ha informado a la empresa pero no se ha publicado ni difundido ninguna nota de prensa. Esto sí se hizo en el inicio de los expedientes en febrero “a bombo y platillo”, aseguran.

Los propios servicios jurídicos de la Generalitat rectifican a la ACC

Ocho meses después de los expedientes sancionadores impuestos a Idealista y otros portales inmobiliarios, los servicios jurídicos de la Generalitat han sido los mismo que han rectificado a la ACC. De hecho, se han estimado todos los argumentos planteados por la empresa. La más relevante ha sido la no imposición a la web de la obligación genérica de supervisión del contenido de la plataforma.

El resto de argumentos jurídicos que ha estimado la Generalitat para resolver el archivo del expediente están basados en la Sentencia del Tribunal Supremo 1818/2020, de 30 de diciembre de 2020. El alto tribunal resolvió que empresas como Idealista son meros prestadores de servicios de información, y que por tanto no es posible imputarles responsabilidad derivada de la normativa subyacente aplicable a la actividad de sus usuarios.

Colau sigue adelante

Mientras la Generalitat da un paso atrás, el Ayuntamiento de Barcelona liderado por Ada Colau, sique adelante con los expedientes sancionadores a estos portales. Actualmente Idealista tiene abiertos seis de los 11 que el consistorio iniciaron contra la empresa.

Colau también anunció en nota de prensa el arranque de los expedientes y anunció sanciones por valor de 100.000 euros. No obstante, ahora, tras la negativa de seguir delante de la Generalitat, ha mantenido el perfil bajo.