Vilarrubí pide la absolución al entender que el 'caso Pujol' se basa en “prejuicios” y “sospechas”

Carles Vilarrubí solicita la absolución en su escrito de defensa enviado al Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, una vez concluido el llamado caso Pujol. La defensa del empresario, Emilio Zegrí, cree que las acusaciones se basan en “prejuicios” y “sospechas” y que los hechos que le vinculan a la trama familiar del expresidente han prescrito.

El juez considera que el acusado colaboró con la trama criminal de la familia Pujol Ferrusola “con carácter transversal, permanente y sistémico, aportando sus estructuras mercantiles para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones”.

Los escritos de defensa de Vilarrubí siempre se han caracterizado por su acritud y su agresividad contra el juez instructor. En estas nuevas alegaciones, el abogado defensor mantiene el tono. “Todo este vericueto procesal inicial, fue presidido por la convicción personal de que cualquier acto mercantil que pudiera haber llevado a cabo el investigado Jordi Pujol Ferrusola con otras personas, no todas, desde los años 90 del siglo pasado, hasta 2012, eran probablemente delictivos, convicción que denota un prejuicio derivado de sospechas que no resultan suficientes para inculpar, para irrumpir en su domicilio ni para hacerlo en unos despachos de compañías mercantiles que no tenían ni tienen condición procesal alguna”.

"Prejuicio de la mala reputación de terceros"

Sostiene el letrado que “esta afirmación precedente no es gratuita, pues se analizan unas supuestas transacciones mercantiles y se estiman, sin más, sin darles ningún sentido y en ausencia de conducta típica, como delito de blanqueo de capitales. No consta ningún hecho, ni indicio que lo señale, salvo el prejuicio de la mala reputación de terceros".

En referencia a las acusaciones de la Fiscalía, en las que se asegura que “las empresas a las que facturaban los (otros) acusados (…) habían resultado adjudicatarias de contratos con las administraciones públicas del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña”, Vilarrubí afirma que “este hecho genérico no puede referirse a ninguna empresa perteneciente a mi defendido ni a su persona, simplemente porque nunca ha concurrido y, por tanto, nunca ha resultado adjudicatario o beneficiario de ningún contrato con ninguna administración pública de ningún ámbito, autonómico, nacional o internacional. Tampoco se ha descubierto que pretendiera hacerlo. Estamos de nuevo ante una manifestación de fe, huérfana de elementos que la indiquen”.

“No se expresa ningún delito fuente del que pudiera proceder el dinero pagado por mi mandante –añade-- a ninguna sociedad en que participara el Sr. Pujol Ferrusola. No se explica procedencia delictiva alguna de tal dinero. Ni delictiva, ni siquiera sospechosa. Nunca se ha imputado a mi defendido delito alguno precedente”.

Delitos prescritos

Asimismo, la defensa del empresario alega que los hechos supuestamente fueron cometidos en los años 1995 y 1997, “veinte y dieciocho años antes, respectivamente, de que mi mandante fuera declarado como investigado, lo que tiene como consecuencia inexorable la aplicación del instituto de la prescripción”.

Considera que el secreto de las actuaciones. ha sido “vulnerado una y otra vez por fuentes cuya identidad y condición ignora esta defensa ya que, al mismo tiempo en que se produjeron tales hechos procesales, casi en directo, los medios de comunicación resaltaban en grandes titulares inculpaciones fácticas coincidentes con las relatadas en resoluciones judiciales secretas sobre mi representado y detalles sobre los registros domiciliarios”. Al igual que el resto de inculpados, donde destacan Jordi Pujol Soley y sus hijos, el letrado de Vilarrubí propone como una larga serie de testigos, así como abundante prueba documental.

Durante la instrucción, Carles Vilarrubí se ha sentido víctima de un "calvario" judicial y de un "linchamiento" mediático, debido a la Justicia “anacrónica” que subyace en el caso Pujol. El empresario acusó al juez José de la Mata de basar sus investigaciones en “especulaciones elucubrativas, hipótesis y cábalas”.

La defensa del empresario hacía esas valoraciones en un recurso de apelación, después de que el juez rechazara el recurso de reforma de Vilarrubí, un escrito cargado de reproches contra el auto, dictado en julio de 2020 en el que el magistrado ordenó sentar en el banquillo a los miembros de la familia Pujol Ferrusola.