El expresidente de la Generalitat fugado, Carles Puigdemont, ha exigido a España que haga "autocrítica" después de que el Tribunal de Apelación de Sassari, en Cerdeña (Italia), le haya dejo libre sin medidas cautelares, suspendiendo así su extradición a España hasta que la justicia europea resuelva sobre el levantamiento de su inmunidad parlamentaria como diputado en la Eurocámara.

El hoy eurodiputado de JxCat ha querido llamar la atención de "las autoridades europeas" en su rueda de prensa posterior a su declaración ante el tribunal de la isla italiana, reivindicando que --gracias a su condición de parlamentario-- puede moverse libremente por la Unión Europea, acusando por ello a España "de estar fuera del marco de acción" de la UE. "Ya basta. Basta de crear problemas a unos eurodiputados. La estrategia española ha fracasado", ha exclamado, insistiendo en su idea de que, según él, existe "un conflicto político entre Cataluña y España".

"Los estándares españoles son contrarios a Europa"

El prófugo, que se ha mostrado indignado por ser calificado como fugado de la justicia --"todo el mundo sabe dónde está nuestros domicilios", ha aducido--, ha recordado cómo, ni en su actual país de residencia (Bélgica), ni en Alemania ni tampoco en Italia se han atendido satisfactoriamente --por razones distintas-- las euroórdenes sobre su arresto. Algo que tanto el propio Puigdemont, como su jefe de Oficina, Josep Lluís Alay, se han encargado de reiterar en varios idiomas --catalán, castellano, italiano e inglés-- ante los medios. 

"España no ha obtenido ninguno de sus objetivos políticos, porque España hace servir el Poder Judicial, fundamental en el Estado de Derecho, para conseguir objetivos políticos. Como lo es que no podamos hablar, que quedáramos en una cárcel sin libertad de expresión, sin libertad de movimiento por Europa, sin poder hacer acción política a favor de la independencia de Cataluña y para denunciar los estándares españoles, contrarios a los europeos, que sitúan al Estado español fuera del marco de acción de la UE".

¿Me secuestrarán, como hacía el GAL con ETA?

Ya en el turno de preguntas, el exmandatario posconvergente ha centrado sus iras contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE) y el líder del PP, Pablo Casado, por haber afirmado --este último, el pasado fin de semana-- que Puigdemont acabará rindiendo cuentas ante la justicia española por el referéndum ilegal del 1-O y la DUI de 2017. A su juicio, la posición política de ambos dirigentes es idéntica: "Es fuerte que el Ejecutivo le diga al judicial qué hacer. ¿Qué harán, me secuestrarán, como cuando el Estado de España financió la guerra criminal del GAL contra ETA? Sánchez y Casado sólo pueden hacer eso para cumplir sus promesas", ha manifestado. 

El prófugo también ha dado rienda suelta a su discurso nacionalpopulista al afirmar que "no sólo en España, sino dentro de Europa, existe una persecución contra las minorías nacionales". Después de casi cuatro décadas con su partido --heredero de la antigua CiU-- al frente de la Generalitat y de multitud de ayuntamientos e instituciones en Cataluña, Puigdemont ha llegado a afirmar que "en esta lógica, de perseguir las minorías nacionales, el Estado español excele. Si en lugar de defender la independencia, defendiéramos la unidad de España, todo sería diferente, no se nos perseguiría. Claro que se nos persigue por nuestras ideas. Por eso no es casualidad que otros muchos movimientos que se sienten perseguidos, se sientan identificados y se hermanen con nosotros", ha dicho el también exalcalde de Girona.

A su modo de ver, "el camino seguido por España es un camino equivocado", por lo que alguien debería tener la "sensatez" de decirle al Estado: "No continuéis por este camino, porque os acabaréis estrellando".

Boye: "Ha primado el derecho de la UE"

Por otra parte, su abogado italiano, Agostinangelo Marras, ha aclarado que no entra en el fondo de los delitos que le imputa la justicia española --sedición y malversación--, sino sólo sobre la suspensión de la extradición del fugado, pendiente de que la justicia europea admita el fin de su inmunidad como eurodiputado. Y, por ello, ha destacado también que el caso no está cerrado, sino únicamente suspendido.

En cambio, el abogado de Puigdemont en España, Gonzalo Boye, ha sostenido que la decisión del Tribunal de Apelación de Sassari de suspender de forma temporal la causa sobre la posible entrega a España demuestra que "ha primado el derecho de la Unión y no la intencionalidad política de quien la redacta". Y ha insistido en que, a su modo de ver, el Tribunal Supremo no es competente en la causa.

Apoyo secesionista

Puigdemont ha estado acompañado en Cerdeña, entre otros, por los también eurodiputados de JxCat Toni Comín y Clara Ponsatí --al igual que él, fugados de la justicia por el procés, y sobre los que pesa otra euroorden del Tribunal Supremo--; la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà; la diputada de la CUP Dolors Sabater; y el secretario general de JxCat y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, indultado por el Gobierno español el pasado junio tras haber sido condenado por sedición.

El partido ultraderechista Vox también reclamó personarse en la causa, y en su representación ha viajado hasta Cerdeña su vicesecretaria jurídica, Marta Castro, si bien la Corte de Apelación de Sassari no le ha concedido la petición. En este sentido, Boye ha lamentado que un partido “fascista” haya intentado “introducir la política en un tribunal”.