El Govern desempolva leyes que los propios independentistas atascaron

La ley electoral, la aprobación de un reglamento que permita ejecutar la ley de infancia, la actualización de una ley de turismo desfasada (fue aprobada en 2002), la ley de contratación pública (tras el fracaso de la llamada ‘ley Aragonès’), una ley de Territorio pendiente desde 2017 o la actualización de la ley de protección de los animales son algunos de los ejemplos más llamativos.

Legislaturas breves

Dicho de otra manera, las pugnas independentistas, unidas a los avatares del desafío secesionista, han acortado las legislaturas y muchos proyectos de ley que se estaban tramitando en el Parlament han decaído. No así las iniciativas legislativa populares (ILP), que se mantienen vivas. Un ejemplo es la ILP para una ley electoral catalana pues, como se sabe, Cataluña es la única autonomía que carece de una ley electoral propia, por lo que lleva 40 años aplicando a Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).

Es decir, que los comicios que se celebran en este territorio funcionan según la ley española. Una situación que contrasta con las ambiciones nacionalistas e independentistas que han gobernado esta comunidad. Y lo han hecho precisamente porque la Loreg beneficia justo a esos mismos partidos, al descompensar el voto en favor de zonas con menos densidad de población donde ERC y Junts per Catalunya (y antes CiU) tienen su caladero de votos.

Tras varias intentos, el Parlament admitió a trámite el 16 de febrero de 2010 una ILP con el aval de más de 90.000 firmas. Cinco años más tarde, en febrero de 2015, la proposición de ley superó el debate a la totalidad.

40 años sin ley electoral propia

Aragonès prometió en su discurso de investidura impulsar una ley electoral y esta semana, ERC ha propuesto crear una ponencia conjunta en el Parlament para elaborar esa normativa electoral. La iniciativa ha sido acogida con recelo por parte de PSC, que pide “rigor y seriedad”, pero se sumará a la ponencia junto a En Comú Podem. Junts per Catalunya no ha demostrado entusiasmo, pero sí disposición a avanzar.

El Govern pretende resolver en cuatro años lo que no ha logrado (o no ha querido) hacer en 40. Más recientes, pero no menos conflictivos, han sido los intentos de aprobar una ley de contratación pública. A pesar del fuerte revés sufrido en el anterior mandato, el presidente republicano quiere intentarlo de nuevo. Su proyecto fallido, conocido popularmente como ley Aragonès --ley de contratos de servicios a las personas-- fue rechazado por toda la oposición en febrero de 2020, lo que dejó en minoría a Junts y ERC. La CUP y los comunes temían que la norma apuntalara la privatización de los servicios públicos. Aragonès se ha dado otra oportunidad y recupera una iniciativa que se remonta a 2016.

Leyes culturales

Iguales retrasos llevan las prometidas leyes de museos, patrimonio cultural y archivos, que hasta ahora se habían sustanciado en planes estratégicos. O la Ley de Territorio, cuyo anteproyecto se remonta a 2017, aunque ya el exconsejero Santi Vila la había prometido cuando formaba parte del Gobierno de Artur Mas. También en 2017 se aprobó la ley de cambio climático, que todavía no se ha desarrollado y ahora forma parte de los objetivos del Govern, que también recupera un proyecto ya mencionado por el exconsejero Jordi Baiget, la ley de transición energética.

Y es que muchas leyes catalanas carecen todavía de su correspondiente reglamento, lo que impide su aplicación. Es el caso de la ley de Infancia, pendiente de desarrollo desde hace 11 años, a pesar de que la pobreza infantil se ha disparado a lo largo de este tiempo. La pandemia ha acentuado todavía más las cifras, igual que ha dejado la ley de turismo de 2002 completamente desfasada, o la ley de vivienda, aprobada en 2007. Los grupos de la oposición han reclamado en varias ocasiones que se actualicen esas normas que ahora Aragonès recupera.

Correbous, despilfarro alimentario...

También hace 11 años que la ley de protección de los animales está pendiente de modificar para que los correbous sean prohibidos, como reclama otra ILP actualmente en fase de tramitación. Se trata de una tradición arraigada en Terres de l’Ebre o en Tarragona, caladero de votos de ERC y Junts, que siempre se han resistido a abolir ese tipo de tortura animal.

Más recientes son la ley contra el despilfarro alimentario, pero que todavía se tiene que desarrollar, al igual que la ley para facilitar la actividad económica --ambas fueron aprobadas en 2020--, como promete ahora Aragonès.