La ley electoral, la promesa imposible de Aragonès

Cataluña es la única autonomía que carece de una ley electoral propia, por lo que lleva 40 años aplicando a Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). Es decir, que los comicios que se celebran en este territorio funcionan según la ley española. Una situación que contrasta con las ambiciones nacionalistas e independentistas que han gobernado esta comunidad. Y lo han hecho precisamente porque la Loreg beneficia a esos partidos, al descompensar el voto en favor de zonas con menos densidad de población donde ERC y Junts per Catalunya (y antes CiU) tienen su caladero de votos. Dicho de otra manera, el voto de Barcelona vale 2,3 veces menos que el de Lleida.

Durante cuatro décadas han tenido lugar diversos intentos fallidos de aprobar una ley electoral catalana. Actualmente se mantiene viva una iniciativa legislativa popular (ILP) y las perspectivas tampoco son halagüeñas.

Según indica el Estatut de 2006, se necesita un mínimo de 90 diputados para aprobar la ley electoral, es decir, dos tercios de la Cámara catalana. Eso obliga a PSC, ERC y Junts per Catalunya (suman 98 en un hemiciclo de 135) a ponerse de acuerdo. Y los intereses entre ellos son muy diferentes.

A juicio de Joan Marcet, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y miembro del Consejo Académico del Cevipof-SciencesPo-Paris, es “una vergüenza que Cataluña sea el único territorio de España sin ley electoral propia. Es evidente que a algunos no les conviene. Hay un vector izquierda-derecha clarísimo, y en la derecha incluyo tanto a ERC y Junts per Catalunya, a quienes esa descompensación del voto les ha favorecido”. Marcet recuerda que “ha habido muchos ensayos e informes académicos, pero no una regulación. No solo ha habido falta de acuerdo en el sistema electoral propiamente dicho, sino en, por ejemplo, desglosar una sindicatura electoral”.

La ley más importante después de la Constitución y el Estatut

Marcet afirma que “después de la Constitución y el Estatut, es la ley más importante, porque son las reglas del juego democrático, es la ley electoral”.

Alude al informe que un grupo de expertos, entre ellos el catedrático de Ciencia Política de la UAB, Joan Botella, avanzaron en el diseño de un modelo que inspiró la ILP Por una Ley Electoral de Catalunya a la que el Parlament dio luz verde en 2015. Poco se ha avanzado desde entonces.

Gabriel Colomé, profesor titular de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), recuerda que la ley electoral se basa en un principio de representación proporcional y territorialidad. Y aporta datos que demuestran que esos requisitos establecidos no cumplen. Los 135 diputados fueron repartidos en el Estatut de 1979 de la siguiente manera: Barcelona, 85; Girona, 17; Lleida, 15 y Tarragona, 18. En 1979, la población de Cataluña era de 5.875.439 habitantes. En 2020 es de 7.722.203. El peso demográfico y parlamentario es dispar. Barcelona representa el 76,3% de la población catalana, pero en el Parlament supone un 63%. En Girona, población y peso parlamentario es, respectivamente, de 8,6% y 12,6%; Lleida, de 5,9% y 11,1%, y Tarragona, de 9,2% y 13,3%.

Asimismo, si se compara el volumen de población de 1980 y 2021, resulta que Barcelona ha pasado de 3.433.304 a 5.703.304; Girona, de 337.689; Lleida, de 265.083 a 434.613, y Tarragona, de 385.949 a 818.702.  “No es precisamente proporcional al no haber corrección de diputados desde 1980 y la distorsión es evidente por el peso de Lleida”, explica Colomé. Sin embargo, el voto de Barcelona vale 2,3 veces menos que el de Lleida.

Las propuestas de los partidos catalanes

Pero ¿cuáles son la promesas electorales de los partidos catalanes? JxCat, ERC y CUP son muy escuetos, mientras que PSC desarrolla más ampliamente su apuesta por un modelo alemán y En Comú Podem también detallas su propuesta. Ciudadanos defiende la idea de “un ciudadano, un voto”, pero abre la puerta a otras propuestas que reduzcan la descompensación territorial actual. El PP catalán defiende una ley electoral que compagine la proporcionalidad y la representación territorial.

Así, JxCat se limita a promover una norma “adaptada a la realidad actual y las singularidades del país”, y pone énfasis en el voto exterior, al igual que hace la CUP. Esquerra quiere una representación coherente con la ordenación territorial, en base a las veguerías .

Por su parte, PSC aboga por “nuevo sistema  electoral que mejore sustancialmente la representatividad, mejorando la proporcionalidad y permitiendo la elección directa de diputados y diputadas en distritos uninominales y, al mismo tiempo, preservando la adecuada representación de aquellas zonas menos pobladas de nuestro país (modelo alemán). La nueva ley, indican en su programa para las elecciones de 14F, incluiría la creación de siete demarcaciones electorales y 57 distritos uninominales asignados a las demarcaciones, más un distrito uninominal para los residentes en el exterior.

Los socialistas defienden un sistema electoral mixto con dos votos: un voto para elegir la fuerza política en la que se quiere depositar la confianza y un segundo voto para elegir directamente el diputado o la diputada de cada uno de los 58 distritos uninominales.

En Comú Podem aboga por la igualdad del valor de los votos en todo el territorio, así como la representación de esta diversidad territorial en el Parlament; la veguería como circunscripción electoral. Coincidien con el PSC en reivindicar la “paridad en cremallera”, es decir, mujeres y hombres ocuparán lugares alternos en las listas electorales y la creación de una sindicatura electoral en Cataluña.

"La ley española beneficia a los nacionalistas"

Paris Grau, profesor de Ciencia Política en la Universitat de Barcelona (UB) explica que Cataluña “se sirve, desde sus primeras elecciones posteriores a la dictadura, de la Ley Electoral que rige en las elecciones generales. No se entiende que un territorio en el que sus gobernantes y una parte de la sociedad tildan a España de país autoritario y nada democrático, hagan uso de una Ley que no ha sido elaborada por el Parlament de Cataluña”.

A su juicio, “el motivo real por el cual no se elabora una ley catalana es simple: la actual beneficia a los nacionalistas. Llevamos años escuchando que quieren llevar a cabo una Ley Electoral y muchas son las mesas de trabajo y diálogo que se han establecido, pero no fructifican porque la situación presente beneficia a aquellos que gobiernan y en caso de modificarla, podrían verse perjudicados. La independencia de Cataluña no llegará; pero una ley electoral propia, menos aún”.

Pocos avances parlamentarias

En la sesión del 15 de julio, la Comisión de Asuntos Institucionales, comisión tramitadora de la proposición de ley, aprobó la comparecencia de representantes de entidades y de expertos en ciencia política y derecho constitucional para que hagan aportaciones y den su opinión a la proposición de ley electoral, fruto de la ILP. Esta se admitió a trámite el 16 de febrero de 2010 con el aval de más de 90.000 firmas. Cinco años más tarde, en febrero de 2015, la proposición de ley superó el debate a la totalidad.

El texto se basa en el informe que el Govern encargó en 2007 a una comisión de expertos, y propone: un mínimo de ciento veinte escaños y un máximo de ciento cincuenta, supeditado a la superación de un umbral de participación fijado; la adopción de las veguerías como circunscripciones electorales; listas cerradas desbloqueadas, que permitan a los votantes ordenar los candidatos y candidatas de la lista según preferencias, y la creación de una sindicatura electoral.