Sánchez compra ‘la paz’ de Cataluña… y del resto de autonomías

La advertencia llegaba por parte de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) hace unos meses. Las comunidades autónomas habían recibido mucho dinero por unas previsiones económicas en 2020 que no se cumplieron, con la llegada de la pandemia de Covid. Esos anticipos se liquidan cada dos años, y la diferencia se debe devolver. Pero el Gobierno central ha decidido una condonación de esas cantidades: casi 4.000 millones que las autonomías no deberán pagar. El Gobierno de Pedro Sánchez añade otras partidas para dejar claro que el coste de la pandemia corresponderá a la Administración central, beneficiando claramente a comunidades como Cataluña, pero también a todo el conjunto de autonomías.

El Ministerio de Hacienda, que dirige la ministra María Jesús Montero, lo constató en su reunión con los consejeros de Economía. Había otra posibilidad: rehacer el calendario para que las comunidades pagaran esa diferencia en cómodos plazos. Pero se ha optado por asumir todo el coste. El mensaje es directo y claro: a falta de un nuevo modelo de financiación, que será muy complicado establecer, por las disputas políticas entre el PSOE y el PP y entre las propias comunidades, el Ejecutivo de Sánchez blinda la capacidad presupuestaria de todas las autonomías, por lo menos durante dos años más.

La victoria en la batalla del IVA

Lo que ha decidido el Gobierno es aportar unas partidas y restar otras, con la previsión de que el próximo año las comunidades también tendrán más margen de maniobra, por la menor necesidad de gasto, a medida que las exigencias en el ámbito de la sanidad sean menores. Y es que los gobiernos autonómicos no podrán contar con el fondo Covid, que en 2020 ofreció hasta 16.000 millones de euros y en 2021 entregará algo menos, unos 13.500 millones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero / EP

Pero todo lo va compensando el Ejecutivo. Otra de las peticiones autonómicas se ha hecho realidad y es el pago que realizará la Administración central de 3.100 millones de euros con el objeto de compensar un mes sin ingresos por IVA en 2017. La explicación se debe a que se puso en marcha un nuevo sistema para el cobro, que implicó un retraso de un mes. El anterior Gobierno del PP lo compensó, pero a cambio de que se devolviera la partida en 2019, coincidiendo con la liquidación de las cuentas de 2017. Las comunidades judicializaron el problema y ganaron la batalla. Y el Gobierno de Sánchez opta ahora por la entrega directa de ese dinero.

El Reino de España asume todo el coste

En paralelo, --lo que logró que el consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, calificara la reunión de “muy positiva”-- el Gobierno aumenta las entregas a cuenta --la previsión de ingresos--, con la idea de que la recaudación aumente en 2022 el 4,6%. Y eso supone una enorme entrada de dinero, nunca vista, de hasta 112.200 millones de euros en 2022, hasta el 6,3% más que en 2021. ¿Primera conclusión? La apuntó la ministra Montero: “Las comunidades no habrán sentido el impacto de la crisis del Covid en términos económicos”. Un mensaje para todas las autonomías, pero también para el Gobierno independentista catalán. El Reino de España ha sufragado los gastos de las autonomías, con deuda y con el reclamo de los fondos europeos.

Todo ello con una paulatina retirada de todas esas ayudas, porque el Gobierno considera que llega el momento de la consolidación fiscal –progresiva— y de la responsabilidad de cada gobierno autonómico en la medida en la que se avanza hacia la normalidad, con la recuperación económica.

Déficit flexible

Es decir, si en 2021 todas las comunidades recibirán unos 128.000 millones de euros, sumando todos los conceptos, en 2022 dispondrán de 119.000 millones. Las mayores necesidades para compensar esa diferencia llegarán a partir de los fondos europeos. Esa cuestión, sin embargo, todavía no se ha abordado con concreción, aunque Hacienda quiere explicarlo en nuevas reuniones, que podrían convocarse en las próximas semanas.

El consejero catalán de Economía, Jaume Giró, en el Parlamento catalán / CG

El Gobierno de la Generalitat insistió, para poder objetar alguna cuestión, en el objetivo de déficit. El consejero Giró cree que debería ser del 1,1% en 2022, pero el Gobierno lo ha establecido en el 0,6%. Ahora bien, la ministra Montero dejó claro que no será de obligado cumplimiento.

Dinero por población ajustada

La pérdida de influencia de Cataluña, sin embargo, sí se evidenció con la decisión del Gobierno de entregar partidas económicas para financiar las necesidades de las comunidades a partir de la “población ajustada”. Tampoco Madrid, que en eso va de la mano de Cataluña, ha tenido la menor influencia. El criterio es el que defienden las comunidades más despobladas y que reclaman que se tenga en cuenta el coste del servicio por habitante, y que no se atienda la población total, que es lo que ha sostenido históricamente Cataluña.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha buscado la cuadratura del círculo para mantener esa paz autonómica, y lo ha hecho en el foro que reúne a los consejeros económicos. El viernes Sánchez se reunirá con los presidentes autonómicos, en la Conferencia de Presidentes, donde se recuperará con todo su vigor el debate sobre la financiación autonómica. En ese foro, no obstante, no estará el presidente catalán, Pere Aragonès, que apuesta por reuniones bilaterales. A pesar de todo, el meollo del asunto ya se ha decidido, con partidas económicas y objetivos de déficit flexibles. Y con los informes de la Airef convertidos en papel mojado.