Giró aplaude las medidas fiscales del Gobierno pese al techo del 0,6% de déficit

Una grata sorpresa para Jaume Giró. Su participación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), tras cinco años sin que lo hiciera ningún consejero de Economía de la Generalitat, se ha saldado con un ofrecimiento generoso por parte del Gobierno central a las autonomías. Tanto, que Giró no ha evitado una valoración “positiva” de la reunión, con el convencimiento de que será “más fácil” elaborar los presupuestos de la Generalitat para 2022.

Giró ha asumido, sin embargo, el objetivo de déficit que el Ejecutivo español ha marcado para las comunidades autónomas, del 0,6% para 2022. La recuperación económica, con la previsión de mayores ingresos fiscales, explica ese déficit, y no el 1,1% que reclamaba Giró. “Esto me lleva a deducir que el Gobierno considera que en 2022 no habrá ningún efecto de la pandemia”, ha señalado, con cierta ironía. Su pronóstico es que el poder público deberá exhibir todavía su fortaleza, ante las posibles consecuencias sociales de la pandemia. Pero el Gobierno quiere también, forzado por la Comisión Europea, no demorar la senda de la consolidación fiscal, con un objetivo de déficit por parte de todas las administraciones del 5% para 2022, reduciéndolo de forma significativa sobre el 8,5% que ha fijado para 2021. 

Dinero por la devolución del IVA

En todo caso, el consejero de Economía, que estrena prácticamente el cargo con una de las reuniones de mayor entidad y que muestran todo el poder autonómico –con la presencia de los consejeros económicos de todas las comunidades autónomas, junto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero—ha asegurado que cumplirá con ese objetivo del 0,6% y que se han producido avances significativos para que las comunidades puedan sortear mejor la crisis que ha provocado la pandemia.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, mira a Jaume Giró durante una comparecencia del 'conseller' de Economía / EP

El Ejecutivo transferirá hasta 3.000 millones de euros como devolución de la liquidación del IVA de 2017. Y ha puesto sobre la mesa una cuestión esencial para las autonomías: no deberán devolver las liquidaciones negativas de 2022, en relación al Presupuesto de 2020, que fue muy expansivo. Es decir, los anticipos que se ofrecieron a las comunidades fueron muy superiores a lo realmente recaudado.

Fondos extraordinarios

Para Cataluña la cifra es significativa: 1.024 millones que no se deberán devolver. Respecto a la medida sobre el IVA, la cantidad que recibirá Cataluña, con la que se salda la duda, será de 458 millones.  

La ministra María Jesús Montero informa en rueda de prensa / EP

Otra de las cuestiones hace referencia a los fondos extraordinarios. Para Cataluña se pone a disposición un total de 2.160 millones de euros. Una parte se compromete para las grandes áreas afectadas por la pandemia, como salud, derechos sociales y educación. Y, de cara a los anticipos para 2022, el Ejecutivo español incrementa en un 6% esas partidas, teniendo en cuenta que en 2021 ya fueron de 19.700 millones de euros.

Las 'migajas' de la CUP

Con todo ello, Giró tiene una hoja de ruta mucho más llevadera para elaborar los presupuestos y buscar acuerdos con otras fuerzas políticas. Para la CUP, sin embargo, el socio con el que Giró iniciará las negociaciones, --votó a favor de la investidura de Pere Aragonès-- cualquier acuerdo con el Gobierno central debe ser orillado, porque se trata de “migajas” que no resuelven los problemas de Cataluña.

El consejero de Economía tendrá recursos económicos, que llegan impulsados por un Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos. Y podría llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, como el PSC, aunque políticamente ese escenario es todavía lejano. Pero, en cualquier caso, Giró salió sonriente de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque sigue teniendo un grave problema tras la investigación de la Fiscalía del Estado sobre los avales del ICF sobre la fianza de 5,4 millones de euros que ha pedido el Tribunal de Cuentas a los exaltos cargos del Govern por utilizar dinero público para internacionalizar el procés.