El Parlament de Cataluña ha aprobado este jueves el decreto ley de creación del denominado Fondo Complementario de Riesgos con el que el Govern secesionista ha cubierto los avales a una treintena de exdirigentes y ex altos cargos de la Generalitat por las fianzas que les reclama el Tribunal de Cuentas por la propaganda del procés en el extranjero. Un fondo que, según se anunció en su día, estará dotado con 10 millones de euros.
El decreto en cuestión ha salido adelante con los 74 votos a favor de los tres partidos secesionistas --ERC, JxCat y la CUP--, las 41 abstenciones del PSC y los comuns y los 19 votos en contra de Ciutadans, PP y Vox.
"No se han hecho las cosas bien"
La portavoz del PSC en el Parlament catalán, Alícia Romero, justificó antes de la votación la abstención de los socialistas catalanes, después que el decreto ley recibiera la luz verde del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), aduciendo que "no se han hecho las cosas bien" por parte del Govern.
En el debate en el Parlament, poco después de conocerse el dictamen del CGE, Romero señaló que el Ejecutivo catalán no ha actuado a la altura de las instituciones, y que en el proceso se ha puesto en juego la "legitimidad" del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
"No se ha hecho bien, hay que decirlo. Por eso nuestra posición será abstenernos. No nos podemos permitir más errores que denigran a las instituciones", apuntó Romero.
La portavoz de PSC-Units, Alícia Romero
Aval del ICF
El PSC enumeró como actuaciones que "no han sido las mejores" por parte del Govern el hecho que en su día, tras la consulta secesionista del 9N, quedaran riesgos sin cubrir hasta ahora por parte de las aseguradoras, la aprobación del aval en el seno del ICF con dimisiones incluidas, o las contradicciones en 24 horas del conseller económico Jaume Giró sobre si conseguirían o no aval privado entre el 20 y 21 de julio.
El Consejo de Garantías Estatutarias ha dictaminado por unanimindad que el fondo creado por el Govern para avalar a los ex altos cargos encausados por promocionar el procés en el exterior se ajusta al Estatut y a la Constitución, aunque ha recomendado modificar varios preceptos del decreto ley para "disipar" dudas.
Los comuns critican... a Díaz Ayuso
Desde los comuns, Susanna Segovia ha matizado que apoyan este fondo, pero no la forma en que se ha promovido ni su afectación sobre el ICF, y apuntando que en determinadas manos podría utilizarse de cualquier manera: "Gente como Díaz Ayuso no sabemos qué podría llegar a hacer", ha manifestado, aludiendo de este modo sin venir al caso a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, Carlos Carrizosa (Cs) ha advertido a Giró de que mantienen abierta la vía judicial: "Si estos millones salen de las arcas públicas para ir a cubrir las responsabilidades de estas personas, ustedes van acabar en el banquillo de los acusados". Asimismo, ha expresado su agradecimiento a los miembros del ICF que han dimitido por esta cuestión.
Posible querella
El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha tachado a Giró de trilero, "pero esta vez le pillaron la bolita" porque ninguna entidad financiera se ha ofrecido para gestionar el fondo. Y ha resaltado que si fuera tan legal como dice el Govern, no se hubieran producido dimisiones en el ICF.
Por parte de Vox, Joan Garriga ha dicho dar el mismo crédito al dictamen del CGE que a quienes nombraron a los miembros de este órgano, y ha anunciado una querella para los firmantes del decreto por prevaricación y malversación porque "buscan que todos los catalanes paguen sus fechorías: ¿España nos roba? No. Los separatistas nos roban".
Giró, aplaudido
El conseller Giró (JxCat), que ha sido aplaudido por los diputados secesionistas tras la aprobación del decreto, considera que el dictamen del CGE "despeja las dudas sobre su legalidad que intencionadamente se habían difundido las últimas semanas". Según él, el fondo protege a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y permite llevar a cabo la acción política sin miedo y angustia.
A su modo de ver, el decreto evitará el sufrimiento de servidores públicos y sus familias: "Permitirá avalar la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental, y nos ayudará a reducir la sutil represión del miedo que ahoga la legítima y democrática acción política en Cataluña", ha manifestado el dirigente secesionista.