Bruselas no ve problemas del Estado de derecho en Cataluña

Nuevo mazazo para el secesionismo catalán a escala internacional. La Comisión Europea ha dejado fuera de su examen anual sobre el respeto del Estado de derecho en los países de la UE la crisis independentista de Cataluña, al considerar que "no existe un problema vinculado" a este asunto, y enmarca su gestión en una cuestión interna española que tiene su respuesta dentro del orden constitucional.

"Es un asunto interno de España. No hay un problema de Estado de derecho en España vinculado a esta cuestión", han indicado fuentes comunitarias, en respuesta a la falta de referencias a la causa del procés en el informe sobre la situación del Estado de derecho en España presentado este martes en Bruselas.

Situación "encauzada"

El Ejecutivo comunitario también ha hecho notar que esta evaluación anual, cuya primera edición se publicó en septiembre de 2020, no aborda de manera específica "casos individuales", sino que se analiza la situación general del Estado de derecho en cada país miembro.

En el caso de España, los expertos comunitarios han recibido más contribuciones de la sociedad civil sobre la situación del Estado de derecho en el país, pero en proporción al año anterior el número de comentarios ligados a la situación concreta en Cataluña es "menor" esta vez.

A ojos de la Comisión, el hecho de que se haya reducido el número de aportaciones vinculadas a la crisis independentista es "normal", dado que la situación está siendo "encauzada", según fuentes comunitarias, que añaden que esta circunstancia es vista con "satisfacción" en Bruselas.

Bloqueo de la renovación del CGPJ

El segundo informe dedicado a España apunta como principales problemas el bloqueo político para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que Bruselas considera urgente e insiste en que deben ser los jueces quienes designen al menos a la mitad de los vocales para que el órgano cumpla los estándares europeos.

Otros asuntos del sistema judicial español que la Comisión observa con preocupación son la independencia del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno, el régimen de aforamientos de altos cargos ante el Tribunal Supremo y el "régimen de incompatibilidades entre jueces y fiscales".