Colau blinda la defensa jurídica de Eloi Badia y Janet Sanz

Han alertado de ello fuentes de la oposición municipal, apuntando a la publicación de una instrucción relativa al derecho a al asistencia jurídica del personal al servicio del Ayuntamiento de Barcelona y sus cargos electos [consultar aquí]. Las mismas voces se han preguntado "qué aporta una nueva instrucción sobre un campo que ya está regulado" y qué vínculo tiene el blindaje jurídico de los ediles con el caso Buenos Aires y la investigación del ministerio público por ayudas a entidades afines a BComú. 

Ayuntamiento: "Es un ejercicio de transparencia"

Una portavoz municipal tiene una opinión más matizada. Asegura que la orden "no presenta ninguna novedad sobre cómo se hacía la asistencia jurídica al personal del ayuntamiento y cargos electos". ¿Para qué sirve pues el documento? "Pone negro sobre blanco los criterios que se siguen en el ayuntamiento cuando personal del consistorio o algún miembro de la corporación está afectado por un proceso judicial, para que todos los interesados estén informados", ha señalado la misma fuente. 

"Recoge --ha continuado la representante-- los criterios que se han establecido sobre cómo actuar en estas situaciones: cómo se le debe abonar la indemnización de los gastos que tenga que asumir como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones". "En su caso, la obligación de reintegrarla si los tribunales dicen que no ha sido un ejercicio legítimo", ha abundado la misma voz. Es, según el Ejecutivo local, "un ejercicio de transparencia" con el fin de que "todo el mundo pueda conocer más fácilmente los derechos y obligaciones". 

Subvenciones, 'Buenos Aires'...

Sea un ejercicio de transparencia o no, lo cierto es que la nueva instrucción de defensa legal de los concejales y altos cargos municipales la emite el Ejecutivo local cuando dos electos están en la picota. Son la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, a quien un juez de Barcelona investiga por su gestión en el veto a un hotel en la antigua casa Buenos Aires de Sarrià, un palacete en el que el área de Sanz rechazó un proyecto hotelero privado.

La mansión modernista acabó okupada y en proceso de expropiación por parte del ayuntamiento. El magistrado investiga la denuncia del inversor para cerciorarse de si hubo indicios de hasta cuatro delitos. También explora los mimbres de posibles ilícitos penales la Fiscalía Provincial de Barcelona, que recibió una denuncia de un grupo de abogados por las subvenciones municipales a Observatori Desc y Enginyeria sense Fronteres (ESF). Salpica directamente a Eloi Badia, electo de Emergencia Climática y Transición Ecológica y exproject manager de ESF. 

...y el Tribunal de Cuentas

En el campo administrativo, el equipo de Colau en Barcelona se encuentra bajo la lupa del Tribunal de Cuentas, que investiga las ayudas municipales a entidades afines para presionar a favor de la municipalización del agua, uno de los proyectos fallidos de BComú desde la alcaldía de la Ciudad Condal. El fiscalizador del gasto público ha abierto una causa contable por las subvenciones y una ayuda de 15.000 euros a los promotores de una consulta ciudadana para, precisamente, promover una política que promovían los comunes. 

Tras una denuncia de Agbar presentada en abril de este año, el ente abrió pesquisas sobre un posible mal uso del dinero municipal. Incoó diligencias sobre unos 900.000 euros dilapidados en estudios técnicos y jurídicos sobre la gestión pública del agua y los pagos citados. La primera parte de la investigación la archivó el TC en junio, avanzó Eldiario.es.