Rahola acusa al Tribunal de Cuentas de “destruir patrimonios familiares”

El centro ahora de las críticas del independentismo, con una gran virulencia, --tras los indultos a los políticos presos-- es el Tribunal de Cuentas. “Es una persecución de las ideas políticas”, ha señalado la activista Pilar Rahola, en TV3, que actúa como punta de lanza del movimiento independentista para desacreditar al tribunal. “Tiene tics franquistas, es nepotismo”, y lo que busca, a juicio de Rahola, es “destruir patrimonios familiares”.

El argumento de Rahola, y de buena parte del independentismo, en gran medida de Junts per Catalunya, pero también de una parte de Esquerra Republicana, es que el Tribunal de Cuentas es el “instrumento del Estado profundo” que busca la “venganza y la persecución”.

"Persecución al independentismo"

La activista lanzó todo el argumentario en el programa FAQS de TV3, de cara a la actuación del Tribunal de Cuentas que tomará declaración a partir de este martes y miércoles a los 41 cargos de la Generalitat que están siendo investigados, entre ellos el exconsejero de Economía, Andreu Mas-Colell.

Andreu Mas-Colell, economista y exconsejero de Economía de la Generalitat / EP

Rahola insiste en que se trata de un tribunal con “gente” que “no tiene ningún miramiento para destruir esos patrimonios familiares”, y se ha referido, en concreto, a Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia del PP en la etapa de José María Aznar. Para la activista, el hecho de que se investigue a altos cargos de la Generalitat ahora y no, en su día, a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella por “vender viviendas sociales a fondos de inversión, con lo que el Estado perdió hasta 23 millones de euros”, demuestra que se trata de una “persecución al independentismo”.

A esos cargos 41 se les investiga por haber cometido presuntas irregularidades en la acción exterior del Govern. En concreto, se fiscaliza la actividad del Diplocat, así como conferencias, viajes y gastos de las delegaciones de la Generalitat. El tribunal, un órgano constitucional que vela por el buen manejo de los recursos públicos, cree que todas esas acciones han ido más allá de las competencias en acción exterior de la Generalitat, y que sirvieron para el proceso independentista.