Así estrecha el cerco el Tribunal de Cuentas contra los altos cargos del 'procés'

El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado una clara distensión con el Gobierno de la Generalitat, que ha pasado por la concesión de indultos a los políticos presos. Pero, este martes, en el mismo momento en el que Sánchez se entreviste en la Moncloa con el presidente catalán, Pere Aragonès, el Tribunal de Cuentas estrechará el cerco contra los altos cargos del procés, un total de 41, a los que pedirá responsabilidades contables que podrían ascender a cinco millones de euros, una cantidad que se añadiría a los 4,1 millones que ya calculó como coste del referéndum del 1 de octubre, y que ya fueron consignados por dirigentes independentistas.

La investigación del Tribunal de Cuentas se ha convertido en un agravio de primera magnitud para el Govern de la Generalitat, y por ello se pide una “amnistía” que pudiera poner el reloj a cero, y comenzar de nuevo. Los órganos del Estado realizan su función, como ha explicado la abogada del Estado Elisa de la Nuez al insistir en que se trata de un “órgano constitucional”.

El caso de Mas-Colell

Los altos cargos que se relacionaron con el procés independentista no deberán acudir al Tribunal de Cuentas, en Madrid, este martes. Serán sus representantes legales, que disponen también del miércoles. Lo que se investiga, a dirigentes y cargos como Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva, es el posible desvío de fondos para las denominadas embajadas catalanas y el papel del Consejo de la Diplomacia Pública, el llamado Diplocat.

El exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell / EFE

A esos representantes legales se les ha citado para comunicarles la cuantía que la instructora del órgano fiscalizador considera que se desvió a esa tupida red internacional impulsada por el Govern, con el objeto de influir y lograr el referéndum de autodeterminación. Al mismo tiempo, el Tribunal de Cuentas comunicará la fianza que se impondrá para responder a una posible condena. Y es ahí donde los dirigentes independentistas creen que se embargarán bienes privados para poder responder a esas fianzas. El exconsejero de Economía y catedrático de Economía Andreu Mas-Colell ha iniciado una campaña con el apoyo de economistas internacionales para dar a conocer esa realidad. Y su hija, Eva Mas-Colell, ha puesto en marcha una campaña en Change.org para pedir adhesiones y parar esa investigación. Hasta el momento, la plataforma ha recogido 24.000 firmas.

La incomodidad del Gobierno

Los representantes legales, en todo caso, podrán presentar alegaciones para ajustar algunos de los conceptos que se reclaman. En el acto estarán presentes tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado, además de los representantes legales de la Generalitat, del llamado Diplocat y de las entidades Abogados Catalanes por la Constitución y Societat Civil Catalana, que se han personado como acusación pública.

Precisamente, a eso se acoge el independentismo, al hecho de que si el Gobierno quiere dar pasos de distensión, la Abogacía del Estado debería tener un papel activo y no estar al lado de la fiscalía. Y así se interpretó tras las palabras del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que admitió que el Tribunal de Cuentas era una “piedra en el camino” en el proceso de diálogo con la Generalitat.

La cantidad a la que ha llegado el Tribunal de Cuentas como presunto desvío de dinero público en beneficio de las actividades de internacionalización del procés es el producto de las alegaciones de los representantes legales de los investigados. Es decir, se han ajustado a la baja algunas cantidades reclamadas inicialmente.

Cargos intermedios de la administración

Aunque han sido los dirigentes independentistas los que han puesto el grito en el cielo, con activistas como Pilar Rahola, que acusan al tribunal de “perseguir patrimonios familiares”, la decisión del Tribunal de Cuentas afecta a muchos cargos intermedios de la Administración de la Generalitat. Se trata de exsecretarios generales como Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Luis Bertrán, Albert Carreras de Odriozola, David Mascort Subirana, Joaquin Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Pau Villòria.

También afecta a las interventoras generales de la Generalitat –un cargo esencial en la Administración autonómica— María Vidal Ortí y Rosa Vidal Planella; y a los interventores delegados, Jordi Serra Catalán, Javier Acín Biota, Virginia Astigarraga Pallarés y Francesc Cubel Creus. Otro de los investigados es el propio secretario general del Diplocat, Albert Royo, y los delegados de las Generalitat en Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Estados Unidos, Polonia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y el delegado ante la Unión Europea.

El exresponsable del Diplocat Albert Royo

Fue una comisión mixta entre el Congreso y el Senado la que encargó esa investigación al Tribunal de Cuentas. Y el pleno del tribunal aprobó el informe de “fiscalización relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondiente a los ejercicios 2011-2017”.

El informe consideró que se habían detectado gastos no justificados, subvenciones a dedo y contratos fraccionados para eludir controles. El fiscalizador entendió que buena parte de esos fondos públicos se usaron para proyectar en el extranjero el desafío independentista, con lo que se incumplía la legalidad y se invadía las competencias del Estado.

Ese es el asunto que se dirime y que para el independentismo supone una “persecución a las ideas”, en palabras de Pilar Rahola.