El limbo presupuestario del Govern: ni fiscalidad ni proyecto pactado

El nuevo Govern afronta la reconstrucción postCovid con unos presupuestos desfasados y sin un modelo de fiscalidad claro. Habrá que esperar a 2022 para disponer de una cuentas acordes a las necesidades económicas y sociales. El próximo martes, el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, comparece en el Parlament para dar explicaciones sobre esta situación, así como de sus planes para esta legislatura. Previamente ha contactado con diversos grupos parlamentarios, a los que ha transmitido, según ha podido saber Crónica Global, su intención de dar prioridad a la CUP en la negociación de los presupuestos de 2022 y de no abordar cambios en el modelo fiscal actual, pactado con En Comú Podem el año pasado, dada la situación de pandemia que todavía perdura. En los acuerdos entre ERC y los antisistema nada se dice del sistema impositivo del nuevo Ejecutivo regional.

En el supuesto de que no llegue a un pacto con los cupaires, Giró está abierto a hablar con otros partidos, entre ellos el PSC, que le ha tendido la mano, aunque advirtiendo de que en ningún caso aceptarán una adhesión a las cuentas –como pretendió Pere Aragonès en el anterior mandato, cuando era responsable de la vicepresidencia económica--, sino una negociación.

No habrá cuentas hasta 2022

Giró, que ejerce el cargo a propuesta de Junts per Catalunya (JxCat), anunció que este año no habrá nuevas cuentas, por lo que habrá que esperar a 2022. Eso obliga a prorrogar los presupuestos de 2020. No es la única preocupación del exdirectivo de La Caixa. Sus competencias como consejero son amplias e incluyen contratación pública, infraestructuras, difusión –este negociado fue uno de los grandes escollos en las negociaciones entre ERC y JxCat y todavía no se ha designado al nuevo responsable—y fondos europeos. El pasado martes, en el marco de la reestructuración de los departamentos de la Generalitat, el consell executiu aprobó como principal novedad la creación de una Secretaría de Asuntos Económicos y de Fondos Europeos, y la Dirección General de Fondos Europeos.

Sin embargo, tal como se constató en las jornadas del Círculo de Economía, la principal preocupación de los empresarios es aliviar una presión fiscal que, en comparación con otras comunidades, incide en las rentas bajas del IRPF. Además, la comunidad catalana tiene actualmente quince impuestos propios, mientras que muchas regiones tienen tres o cuatro. Asturias tiene siete y Andalucía, seis. 

Diez años sin presentar presupuestos a tiempo

Pero ¿cuál es la situación presupuestaria actual? El 24 de abril de 2020 se aprobaron, con cuatro meses de retraso y gracias al apoyo de los comunes, las cuentas para 2020, diseñadas antes del Covid y que, por tanto, quedaron rápidamente desfasadas. No obstante, el presupuesto se vio incrementado gracias a la transferencia de 3.165 millones del Estado a la Generalitat.

Desde el presupuesto de 2010, el último aprobado en tiempo y forma, el Govern no ha cumplido con la ley de finanzas públicas, que establece que el 10 de octubre debe presentar y registrar en el Parlament el presupuesto del año siguiente.

El 9 de febrero de 2021, el entonces candidato de ERC y hoy presidente Aragonès, se comprometió a presentar las cuentas de 2021. Pero no ha cumplido su palabra, a pesar de la reclamación de diversos agentes sociales y económicos, así como de los grupos de la oposición. El pasado 17 de junio, ERC y JxCat votaron en contra de la moción presentada por PSC-Units donde se pedía la aprobación de los presupuestos de 2021. “Renuncian a revisar prioridades, a actualizar políticas que deben dar respuesta a los retos sanitarios, sociales y económicos”, denuncia la portavoz de los socialistas, Alícia Romero. Recuerda que en 2020, el margen de déficit estaba en 0,2%, y que ahora está en el 1%, lo que suponen 2.000 millones de euros más para gasto de los que no podrá disponer Cataluña si no aprueba las cuentas de este año.

Por tanto, no habrá cuentas para 2021 y habrá que esperar a 2022, lo que implica prorrogar esos presupuestos de 2020 que ya nacieron insuficientes.

Lo que implican las prórrogas

Las prórrogas obligan a mantener el volumen total de gastos, aunque se pueden hacer traspasos de una partida a otra, sin que crezca el saldo final. O bien se pueden aumentar si , en contrapartida, hay ingresos adicionales en la misma proporción.

Con esa prórroga no se pueden hacer incrementos netos de plantilla ni aprobar nueva inversión, es decir, no se pueden adquirir compromisos plurianuales ni generar deuda nueva sin reducirla en la misma proporción. Eso da una imagen de administración sin capacidad de dinamizar la economía. Limitada a recaudar y pagar gasto y devolver deuda. Asimismo, no se puede prorrogar el gasto de programas que finalizaban en 2020.