Por qué el informe del Consejo de Europa solo es propaganda independentista

El soberanismo ha acogido ese dictamen con euforia, pero para el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Perea Unceta, supone una victoria pírrica.

Sin efectos

“No tiene ninguna relevancia práctica. Es un éxito más de la propaganda secesionista en el exterior. Obvia decir que el Consejo de Europa –formado por 47 estados que incluyen a Turquía y Rusia-- no es la Unión Europea --27 Estados plenamente democráticos. La APE no es el Parlamento Europeo de la UE, pues este representa a Estados democráticos y está formado por parlamentarios elegidos en sufragio universal y que actúan con exclusividad en este órgano”, explica el jurista. En cambio, la APE está formada por representantes de los parlamentos nacionales, en el caso de España de doce senadores y diputados. No es un órgano permanente, pues apenas tiene una reunión ordinaria anual, y sus resoluciones solo tienen naturaleza recomendatoria.

José Antonio Perea Unceta, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid / CG

En la resolución del pasado día 21 “se dice que la Asamblea reconoce que España es una democracia viva, con una cultura de debate público libre y abierto, y que la mera expresión de puntos de vista independentistas no es un motivo para la persecución penal. La Asamblea respeta plenamente el orden constitucional de España”. Añade que “varios políticos catalanes de alto rango fueron procesados y finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos, entre otros por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos, en apoyo del referéndum inconstitucional sobre la independencia".

Perea Unceta indica que “obviamente, desconoce el autor de la propuesta y los que la han apoyado que no se les ha condenado por declaraciones sino por actos ilegales, entre ellos la desobediencia a resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) y por malversación de fondos públicos, cuestión contradictoria porque lo reconoce después al manifestar que ‘algunos de los políticos en cuestión también fueron declarados culpables de abusar de fondos públicos y otros recursos, en particular permitiendo que los edificios públicos se utilicen como colegios electorales’".

Críticas al proceso penal español

A pesar de que es un órgano de representación política (el judicial es la Corte Europea de Derechos Humanos, en Estrasburgo), entra a criticar el proceso penal español afirmando que la sedición exige una violencia que no se produjo. “Lo que pide la APE es que se modifique la norma española de tal forma que se despenalice realmente la organización de un referéndum ilegal, a pesar que reconoce que ya se despenalizó en 2005, sin atender a que no se les condena por esto sino por sedición, por desacatar los autos del TC y por malversación de fondos), que se indulte a los presos, que no se siga juzgando a los responsables de otros actos conexos como policías y funcionarios, como si en un Estado de Derecho el Gobierno pudiera dictar órdenes de este tipo a los tribunales".

También insta a "no exigir a los presos que renuncien a sus convicciones independentistas y en su lugar que se les requiera que lo hagan por medios legales (obviamente) y ‘entablar un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas de Cataluña, incluidas opositores a la independencia, con el fin de reforzar la calidad de la democracia española a través de la autoridad del estado de derecho, el buen gobierno y el respeto total de los derechos humanos, sin recurrir al derecho penal, pero en pleno respeto del orden constitucional de España".

"Un disparate"

“En lo que se refiere a que no actúen los tribunales, es inaudito y habrá que recordárselo a los parlamentarios que lo han apoyado cuando suceda algo similar en sus países. Es un disparate. Lo que sorprende es que lo hayan apoyado 70 representantes, sobre todo socialistas y populares europeos, con solo 28 en contra y 12 abstenciones”, denuncia el profesor.

¿Por qué ha sucedido esto? “Porque el Gobierno español y los partidos políticos españoles no han dado ninguna importancia a lo que sucede en este órgano, insignificante en su valor real, como lo es la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, por ejemplo. Pero los secesionistas sí, y han maniobrado para conseguir una resolución engañosa y para amplificar su importancia. Digo amplificar porque lo que pide ya lo ha hecho el Gobierno: dar el indulto, iniciar el diálogo con los secesionistas y plantear la reforma del Código Penal”.

El ejemplo de Letonia

Por último, señala que “no es extraño que un diputado de Letonia plantee esta defensa del secesionismo catalán, pues Letonia es el máximo exponente del nacionalismo excluyente y discriminatorio. Desde que se separaron de la URSS en 1990 han expulsado de la función pública a los ciudadanos de origen ruso, que no pueden expresarse en esta lengua en la vida pública (ni siquiera en el mostrador de un comercio), no tienen derecho de voto y carecen de nacionalidad”.

De sus casi dos millones de habitantes, “unas trescientos mil personas tiene un pasaporte gris concedido por la Comisión Europea (UE) para poder moverse por la UE. ¿Este es el modelo de los secesionistas catalanes: dejar sin nacionalidad, ni empleo público ni derecho a su lengua materna ni derechos políticos a los catalanes de origen español y lengua castellana? Es ofensivo que un diputado de un país con la peor discriminación real de toda la UE (no solo Consejo de Europa) denuncie los derechos humanos en España”, concluye Perea Unceta.