Cataluña retrocede en gestión social. Así lo asegura la Asociación de Directoras y Gerentes de servicios sociales, que acaba de publicar su Índice DEC [se puede leer en este enlace], el único estudio que, desde 2012, mide y evalúa el desarrollo de las estructuras y presupuestos que las comunidades autónomas dedican a estas políticas.

El informe marca la situación de estos servicios ante el Covid. Apunta a una leve recuperación desde la crisis económica de 2008. Pero las diferencias entre autonomías son sustanciales.

La comunidad valenciana, en cabeza

Así, seis comunidades mejoran su puntuación respecto a 2018, destacando la Comunidad de Valencia, con un incremento de 1,35 puntos. También Navarra (+0,75), País Vasco (+0,75), Extremadura (+0,55), Aragón (+0,50), y Andalucía (+0,35). Los 11 restantes empeoran su resultado. Las que mayor retroceso registran son Cantabria (-0,55), Canarias (-0,35), Cataluña (-0,25), Galicia (-0,25) y La Rioja (-0,25). Madrid sigue siendo la Comunidad con peor calificación de sus servicios sociales en 2020.

“Siguen existiendo extraordinarias diferencias entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia”, afirman los autores. El 40% de la población española, advierten, vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes. La complejidad burocrática y los trámites farragosos se han incrementado, y “constituyen auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan”.

Un voluntario dándole comida a una persona en el reparto diario de alimentos / EP

Cataluña, en descenso continuado

El Índice DEC 2020 sitúa a Cataluña en el puesto número 11 en la clasificación de las comunidades autónomas. Su puntuación baja 25 décimas respecto a la anterior aplicación y muestra un estancamiento en niveles muy por debajo de la calificación que esta comunidad tenía hasta 2014. Desde esa fecha, la relevancia económica de los servicios sociales de las administraciones públicas en Cataluña refleja un descenso continuado en relación con la media estatal.

Aunque en términos absolutos se registra un incremento del gasto por habitante y año, pasando de 330,8 € en 2014 a 378,0 € en 2019, desde 2016 Cataluña se sitúa por debajo de la media española en este indicador (406,3 €).

En cuanto al porcentaje del gasto sobre el PIB, la comunidad catalana registra un descenso continuado, “siendo el mejor exponente de la pérdida de relevancia económica del sistema, cada vez con menor peso sobre el PIB”. Así, ha pasado de representar el 1,40% en 2011 al 1,27% en 2019, año en el que la media estatal fue 1,60%. En toda la serie, Cataluña siempre ha estado por debajo de esa media española en el porcentaje del PIB que representa su gasto público en servicios sociales.

 

Mapa de España con el índice DEC (Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales) por provincias / ÍNDICE DEC

Gasto corriente

En cuanto al porcentaje sobre el gasto corriente de las Administraciones catalanas, sí que se observa un aumento, pues se ha pasado del 7,56% en 2011 a un 9,62% en 2019, aunque se mantiene debajo de la media estatal, que es de 9,95%.

Como aspectos positivos, Cataluña destaca por rentas mínimas de inserción, ya que el 11,2% de la población bajo el umbral de la pobreza se beneficia de estas ayudas, frente al 7,9% de media estatal. El informe pone en valor las plazas residenciales para personas mayores (3,1 por cada cien personas), la ayuda a domicilio (cobertura del 5,3%), centros de día (1,3 plazas por cada 100 ancianos), teleasistencia (15%) y hogares y centros de convivencia (55,9 plazas por cada 100), valores todos ellos que están por encima de la media española.

Como aspectos negativos, el Informe apunta a la dotación de profesionales, que aunque mejora en Cataluña --hasta llegar a un/a por cada 2.126 en 2020--, es inferior a la media española.

Almacén de un banco de donación de alimentos / EP

Cobertura

Con una cobertura del 8,9% de su población potencialmente dependiente, Cataluña está por debajo de la media estatal, que es del 9,7%. Asimismo, su tasa de desatención (limbo) es la más elevada, con un 31,9%, frente al 17,1% de media estatal.

El 39,3% de los acogimientos de menores en Cataluña son en familias; la media española es del 50,4%. Además, en este indicador, Cataluña ha ido empeorando desde el 61,2% que suponían en el año 2010. Respecto a la plazas de alojamiento para personas sin hogar --22,8 plazas por cada 100.000 habitantes--, se trata de una cifra que está lejos de la media española, que es 40,7.