La justicia escocesa reanuda el proceso de extradición de Ponsatí

La exconsejera Clara Ponsatí reaparecerá ante el Tribunal de Edimburgo para continuar su proceso de extradición a España por su papel en el referéndum del 1 de octubre de 2017, una vez levantada su condición de inmunidad europarlamentaria. Este martes los abogados de la eurodiputada acudirán a la vista ante el juez Nigel Ross a las nueve de la mañana.

El titular de la Corte del Sheriff de Edimburgo paralizó en marzo de 2020 el proceso de extradición de la exconsejera de Educación de la Generalitat hasta que el Parlamento Europeo se pronunciase sobre el privilegio legal de Ponsatí. La pandemia demoró los tiempos en los que los eurodiputados decidieron sobre su condición y la de Carles Puigdemont y Toni Comín, quienes vieron asimismo denegada su situación de inmunidad.

Acusada de sedición

Ponsatí está acusada del delito de sedición por su participación en el referéndum del 1 de octubre, al ser “la máxima responsable en la Consejería de Enseñanza del Gobierno autonómico de Cataluña”, señaló el juez instructor español Pablo Llarena a las autoridades británicas cuando se reactivó su orden de arresto europeo a finales de 2019.

Según la misma instrucción, Ponsatí “facilitó el uso de centros de enseñanza” dependientes de ella “con el objeto de que fueran utilizados como colegios electorales en el referéndum”, todo ello a pesar “de conocer la ilegalidad y la nulidad del proceso", describió el juez.

15 años de cárcel

El delito de sedición no está tipificado como tal en el ordenamiento jurídico escocés, por lo que se conmutaría por traición para que la posible extradición pudiera ser llevada a cabo, debido al principio de doble criminalidad. Clara Ponsatí se podría enfrentar a una pena máxima de 15 años de prisión, según se encuentra estipulado en el Código Penal español, en su artículo 545.

La exconsejera de Educación del Gobierno de Cataluña en 2017 se enfrenta a su tercer proceso de extradición, segundo en Escocia, sin que los dos primeros fructificaran debido a la retirada de cargos por parte de la justicia española.