El Ayuntamiento de Barcelona no se ha personado en la causa penal que investiga un ataque con fuego a un furgón de la Guardia Urbana con un agente dentro el 27 de febrero, según CSIF, una versión que niega el Ejecutivo local, que subraya que sí es parte en el procedimiento, y "desde hace días".
El sindicato ha asegurado hoy de que la Administración local no es acusación particular en el procedimiento judicial por el salvaje acto vandálico contra una furgoneta de la Unidad de Refuerzo a las Emergencias y la Proximidad (UREP) que protegía la comisaría de Las Ramblas tras una manifestación radical en apoyo del rapero Pablo Hasél.
"Abandono institucional"
La agrupación social de referencia en el cuerpo municipal de seguridad detecta "abandono institucional y sindical", por cuanto extiende la no personación como acusación a los sindicatos CCOO, UGT y ACGUB.
La plataforma contrapone esta estrategia judicial a la suya propia, que enmarca en "los intereses de nuestro colectivo" de policías. De hecho, CSIF sostiene que CCOO y UGT afirmaron que el sindicato "no se podía personar", cuando finalmente sí ha sido así.
Ayuntamiento: "Sí estamos personados"
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, un portavoz ha indicado que la Administración local "sí está personada como acusación" y lo que es más, desde hace días, cuando entró el escrito al juzgado que instruye la causa.
Es lo que avanzó el gobierno municipal el 4 de marzo, cuando la propia alcaldesa, Ada Colau, avanzó en una entrevista la estrategia judicial ante lo que calificó de "hechos muy graves".
Contra el sindicato, sí
Cualquiera que fuere el debate, CSIF contrapone esta denuncia de no personación como acusación en el ataque incendiario a un furgón de la Urbana de Barcelona --cuya presunta autora material fue puesta en libertad recientemente al ser exonerada por una prueba pericial-- a la derrota judicial que sufrió recientemente la Jefatura del cuerpo, como avanzó este medio.
Pedro Velázquez, intendente mayor, vio como un juzgado de Primera Instancia archivaba una querella por injurias contra CSIF por la denuncia del método de reparto de pases gratis a la Sagrada Familia de Barcelona tras la primera ola de la pandemia.