El Ayuntamiento de Barcelona ha conseguido cerrar la pata política del caso subvenciones con un informe elaborado internamente. El gobierno municipal de BComú y PSC ha descartado someterse a una auditoría y elaborará un detalle de las ayudas concedidas desde 2014.
Es lo que contiene una proposición presentada por el PP al pleno municipal hoy, que ha sido aceptada por el bipartito sociocomún tras transaccionarla. La propuesta ha recibido también los votos de ERC, Ciudadanos y BCN pel Canvi, aunque los dos últimos grupos han consignado que la iniciativa supone "una rebaja" con respecto a la idea inicial de los populares, que pedían una auditoría.
Incluyen a Xavier Trias
Josep Bou, líder popular en el consistorio, pedía también que el análisis externo de las subvenciones arrancara en 2015, pero finalmente, el informe elaborado desde el propio ayuntamiento comenzará con las ayudas concedidas desde 2014, un año antes de que Ada Colau alcanzara la alcaldía de Barcelona.
De este modo, la proposición del PP ha quedado descafeinada. La pata política del caso subvenciones, pues, se cierra con un tibio dictamen pese a que la Fiscalía Provincial de Barcelona investiga si hubo indicios de ilícitos penales en la concesión de ayudas municipales a Observatori Desc y Enginyeria sense Fronteres. Las pesquisas parten de una denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución.