La fiscalía investiga a la concejal de Movilidad de Colau por la adjudicación del 'motosharing'

Una nueva demanda contra la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona por su gestión en la adjudicación del servicio de motos eléctricas. Ahora es la Fiscalía la que ha abierto diligencias para determinar si existe delito en la actuación de Rosa Alarcón, concejal de Movilidad, y Manuel Valdés López, gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras, a la hora de conceder las licencias y favorecer, presuntamente, a algunos de los operadores. La empresa Global Mobility Sharing es la que ha presentado denuncia ante el Ministerio Público por delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

En la demanda, representada por el abogado José María Fuster-Fabra, se apunta que Ecooltra y Acciona, son las empresas "que gozan de una posición de dominio abusivamente privilegiada". Argumenta que "en los últimos años habían saltado al ámbito de la movilidad eléctrica compartida, en concreto al de las motos, de forma ilegal gracias a la actuación fraudulenta de determinados empleados públicos del Ayuntamiento de Barcelona.” Según los denunciantes, estos les han permitido circular y aparcar sus vehículos eléctricos “sin exigirles licencias y sin pagar tasas por la ocupación lucrativa de las calles de Barcelona".

Presunto trato de favor

La denuncia de Global Mobility Sharing también recoge un presunto trato de favor y argumenta que, durante este tiempo, el Consistorio tampoco sancionó a estas empresas "por incumplir la prohibición de estacionamiento que recoge la Ordenanza municipal". En cambio, expone que desde 2018 “la Gerencia sí sancionaba y decomisaba masiva y sistemática los vehículos de otras empresas de sharing, las de patinetes eléctricos, por no tener las mismas licencias de ocupación que nunca exigió a las empresas de sharing de motos", añade.

Por ello, considera que la actuación tanto de Alarcón como Valdés ha servido "para proteger un oligopolio ilegal de determinadas empresas que empezaron a operar en Barcelona con motos de uso compartido con anterioridad a la adjudicación de licencias".

"Blanqueo de licencias"

La empresa denunciante también señala que desde el Ayuntamiento se permite presuntamente que las grandes empresas mencionadas puedan operar con un número de licencias superior a las adjudicadas y que la resolución emitida por Movilidad de aumentar el número de licencias para motos compartidas en más de 3.000 solo son un “blanqueo” para consolidar este "fraude" que la ordenanza castiga como "sanción grave".