Varapalo judicial a las licencias de 'motosharing' del Ayuntamiento de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha sufrido un revés judicial por las licencias municipales concedidas a las motos eléctricas compartidas. De hecho, parte de la flota que circula actualmente deberá ser retirada después de que el Juzgado de lo Contencioso número 13 de Barcelona haya admitido las medidas cautelarísimas que había solicitado un operador.

Esta es la respuesta que ha dado por ahora el juzgado a un recurso presentado por la empresa de movilidad compartida Tucycle Bikesharing contra la resolución que elevaba el número de licencias municipales para motos eléctricas compartidas. La compañía ha alegado que el proceso se hizo sin presentar un nuevo concurso ni obligar al cumplimiento de la ley que fijaba un número determinado de motos por operador que, asegura, no se ha respetado.

Ampliación de las licencias

El consistorio que lidera Ada Colau ya fue demandado ante Antifraude por “connivencia municipal con la conducta infractora” reiterada por parte de las empresas de motos compartidas. Según el demandante, la resolución unilateral del Ayuntamiento de Barcelona para elevar sin concurso el número de licencias de motos compartidas en más de 3.000 solo beneficiaba a los grandes operadores.

La aceptación de las medidas cautelarísimas solicitadas por parte del demandante supone que buena parte de la flota que presta este servicio desde la "alegalidad" tendrá que dejar de hacerlo. En el fallo del auto, el juzgado resuelve que da "lugar a la adopción de la medida cautelarísima interesada por el procurador de los tribunales don Ignacio de Anzizu Pigem, en nombre y representación de doña Begoña Mardaras Gaztelurrutia, quien a su vez actúa en nombre y representación de la mercantil Oiz Ridesharing SL”.

En beneficio de Ecooltra y Acciona

La resolución judicial detalla que estas medidas suponen la suspensión de “la ejecución de la resolución del Ayuntamiento de Barcelona de fecha 2 de febrero de 2021, en cuanto que en la misma se otorgaba el plazo de 10 días para que la recurrente presentara ante la Administración demandada el modelo de declaración responsable de aceptación de condiciones para participar en el procedimiento de otorgamiento a precario de licencias temporales de uso común especial del dominio público”.

Según denuncia la parte demandante, el área de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, pilotada por Rosa Alarcón y Manuel Valdés, decidió ampliar en un 46% el número de licencias de motos compartidas sin abrir un procedimiento autónomo respecto a su adjudicación. Un procedimiento que no solo “alteraba las condiciones del proceso de concurso convocado hace unos meses”, sino que habría beneficiado a los grandes operadores (Ecooltra, Acciona, Yego y Movo), que ya operaban en la ciudad antes de la regulación del servicio.