El presidente de la Diputación de Lleida se niega a dimitir

Joan Reñé, presidente de la Diputación de Lleida detenido ayer en una operación de los Mossos d’Esquadra contra una trama de corrupción del entorno de CDC, aseguró tras ser puesto en libertad con cargos que no dimitirá. Dice que no ha hecho “nada mal”.

"Yo entiendo que las personas dimiten cuando hacen algo mal, yo no he hecho nada mal, por lo tanto en ningún caso me planteo la dimisión", afirmó al ser preguntado por los medios de comunicación si se había planteado alguna dimisión.

Todos en libertad

El político se acogió a su derecho a no declarar en la comisaría de los Mossos d'Esquadra. El resto de los detenidos, entre ellos el jefe de servicios de vías y obras de la diputación, Enrique Regaño, responsables de la empresa MJ Grúas y dos cargos de carreteras de la Generalitat, también quedaron en libertad.

"Mi actuación y la de la Diputación de Lleida ha sido siempre y en cada uno de los procedimientos de contratación y licitación transparentes públicos y ajustados a derecho. Así lo ratifican todos los informes del secretario interventor y del secretario general", ha afirmado.

"Conducta irreprochable"

"Mi conducta personal e institucional ha sido y es irreprochable y nunca he recibido comisiones ni he actuado en beneficio de nadie. Ya lo dije así y aquí hace justamente tres años cuando alguien osó acusarme de hechos falsos", ha agregado.

Tras pedir "celeridad en la investigación y resolución del procedimiento" para poder así acreditar su honestidad y honorabilidad, Reñé lamentó haberse enterado del proceso por los medios de comunicación.

La Fiscalía se querelló

Las diligencias han sido ordenadas por el Juzgado de Instrucción 1 de Lleida por un presunto delito de corrupción en la contratación de una empresa, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El operativo incluyó registros en la sede de la diputación, en un domicilio particular y en la sede de la empresa afectada, y las detenciones se practicaron en Lleida, Balaguer y Solsona (Lleida).

El origen del proceso parte de una querella de la Fiscalía de Lleida por unos hechos que pueden ser constitutivos de diversos delitos contra la Administración pública, especialmente de cohecho y fraude en materia de contratación así como de blanqueo de capitales.