Lo ha vuelto a hacer. Comprometer a su propio partido, Junts per Catalunya (JxCat) y en apenas una semana. Tras reunirse con partidos independentistas xenófobos, Josep Costa ha arremetido contra las diputaciones a raíz de la supuesta implicación de Nuria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, en un caso de corrupción. La apuesta de Costa por suprimir esas corporaciones supramunicipales le ha valido una buena reprimenda por parte de la Diputación de Girona, que gobierna JxCat junto a ERC.

La eliminación de las diputaciones es una vieja reivindicación del catalanismo que, en 2006 y 2010, se tradujo, respectivamente, en un nuevo Estatut y una ley de veguerías --fórmula de distribución medieval-- que es impracticable, dado que la delimitación territorial es competencia del Estado.

Pugna territorial entre CDC y PSC

Pese a las críticas de Costa, los convergentes y sus sucesores de Junts per Catalunya han gobernado sin problemas las diputaciones y asumieron con naturalidad la duplicidad administrativa que supuso la creación, en tiempos de Jordi Pujol, de los consejos comarcales, entes que, a diferencia de las diputaciones, están prácticamente vacíos de competencias. Así, mientras algunas comarcas, por su peso demográfico y económico, podrían estar justificadas, como por ejemplo la Corporación Metropolitana de Barcelona, otras carecían de justificación. Sin embargo, Pujol eliminó en 1987 este organismo barcelonés al considerarlo un contrapoder del municipalismo socialista.

Diez años después de la ley de veguerías, los consejos comarcales no solo se mantienen, sino que han visto como su presupuesto ha aumentado. Así, mientras en 2015, estos entes suponían un gasto de 465 millones, el año pasado alcanzaron los 609 millones, según las cifras de Idescat. Por el contrario, el presupuesto de las cuatro diputaciones se ha mantenido, pues se ha pasado de 1.392 millones a 1.591 millones, destinados a servicios públicos básicos (seguridad, movilidad, vivienda, urbanismo, medio ambiente), actuaciones de protección y promoción social (pensiones, prestaciones, fomento de la ocupación), bienes públicos (sanidad, educación, cultura, deporte) y actuaciones de carácter económico (agricultura, industria, comercio, transporte, investigación, infraestructuras…).

Eliminación del consejo del barcelonés

Del empeño de los convergentes en mantener su influencia en los consejos comarcales da cuenta su intento en 2003 de incumplir una ley del Parlament que regulaba una nueva distribución de consejeros comarcales más proporcional, al ser elegidos sus miembros por un 66% de los votos de los ciudadanos y un 33% de los concejales. Un sistema que perjudicaba a CiU.

Como caso excepcional y ante las evidentes duplicidades existentes, el Parlament eliminó el Consejo Comarcal del Barcelonés que durante 30 años gestionó servicios supramunicipales de Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet. La Sindicatura de Cuentas elaboró un informe en el que denunciaba el descontrol contable de las empresas vinculadas a este consejo.

CiU aceptó, pero recordó que las comarcas “representan la identidad de nuestro país”.