Jaume Amat, Síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas (segundo por la izquierda) en el Parlamento catalán / CG
Descontrol contable en las empresas del Consejo Comarcal del Barcelonès
La Sindicatura de Cuentas ha presentado un informe en el Parlamento catalán en el que se denuncian graves irregularidades financieras en las cinco empresas vinculadas a este ente supramunicipal
25 enero, 2017 17:24Un informe de la Sindicatura de Cuentas, órgano fiscalizador de las administraciones catalanas, desvela graves irregularidades contables en la gestión de las empresas vinculadas al Consejo Comarcal del Barcelonès, ente supramunicipal cuya utilidad ha sido debatida en diversas ocasiones por los partidos políticos.
El informe analiza los contratos y convenios correspondientes a los ejercicios de 2005 a 2011, de las entidades pertenecientes al Grupo Consejo Comarcal del Barcelonès (CCB): el Consejo Comarcal, la Sociedad urbanística Metropolitana de Rehabilitación y Gestión SA (REGESA), Regesa Aparcaments i Serveis (RASSA), Marina Badalona SA (MBSA) y Fundación Pisos de Lloguer.
El órgano fiscalizador cuestiona la construcción del pabellón de la Colina encargado a REGESA por 3,7 millones de euros sin la correspondiente financiación y sin incluir el importe en el presupuesto del CCB. También denuncia que se obviara el IVA en las obras del sector de la Catalana de Sant Adrià de Besós y apunta a irregularidades en los expedientes de contratación, retribuciones y evaluación del personal laboral.
"Indecuada planificación"
La Sindicatura ha detectado una falta de provisión por el deterioro de algunas promociones inmobiliarias, estimadas en 25’1 millones de euros, y deficiencias en los procesos de contratación de REGESA y RASSA.
Respecto a Marina Badalona, la Sindicatura de Cuentas desvela una “inadecuada planificación”, debido entre otros asuntos al aumento de la inversión inicialmente prevista en 58 millones. MBSA, señala el informe, no elaboró ningún plan de actuación, inversión o financiación. Tal como informó Crónica Global, las obras portuarias están siendo investigadas por la UDEF, que sospecha del modo en que se llevaron a cabo las recalificaciones.
Respecto a la Fundación Pisos de Lloguer, disuelta en 2013, asegura que “no fue un buen instrumento para gestionar las 298 viviendas de protección oficial a causa de la falta de una financiación adecuada y de una gestión poco cuidadosa”.
