Histerismo en Plataforma per la Llengua por la salud del catalán. La asociación nacionalista ha advertido este lunes de que el idioma se encuentra al borde de su erradicación total. "Si no se actúa, se extinguirá", ha declarado su presidente Òscar Escuder.
La autodenominada ONG del catalán ha valorado de forma muy negativa la situación actual de una de las dos lenguas cooficiales de Cataluña. En concreto, la Plataforma ha lamentado que durante los últimos 15 años, el catalán haya perdido medio millón de hablantes y que solo el 32% sepa hablarlo.
"Emergencia lingüística"
Para este colectivo no es suficiente con que el catalán sea la única lengua vehicular de la enseñanza en la comunidad y que goce de representación en la esfera pública. "Cuando una lengua llega al umbral del 30% de hablantes, ellos mismos son conscientes de la dificultad de encontrar personas con quien puedan hablar", reza un comunicado de la entidad. "Llegados a este punto, revertir la situación se vuelve muy complicado", concluye.
Ante esta "emergencia lingüística", la plataforma reclama un "cambio de rumbo en las políticas públicas" a todos los niveles para cambiar el "paisaje lingüístico" de la sociedad catalana. Asimismo, pide una mayor involucración personal de los catalanohablantes a la hora de comunicarse en su día a día. Esta campaña de presión tanto ciudadana como política centrará la actividad de la organización durante el próximo año.
Expertos en acoso
Plataforma per la Llengua ha sido una de las asociaciones más mimadas por la Administración. Eso a pesar del historial de acoso con que se han caracterizado muchas de sus iniciativas, enfocadas no tanto a la promoción del catalán sino más bien al arrinconamiento de la lengua española.
Recientemente, la organización atacó a Seat por no traducir al catalán los contenidos de su web. Además, la entidad ha solicitado la eliminación del "deber de saber castellano" de la Constitución, ha espiado a menores en los colegios y ha creado una app para delatar comercios que utilicen el español. Nada de eso ha mermado su capacidad de extraer recursos públicos tanto de la Generalitat de Cataluña como del Ayuntamiento de Barcelona.