El Govern mantiene el acoso lingüístico a empresas en plena pandemia

Sede del laboratorio farmacéutico Almirall en Barcelona / EUROPA PRESS

Estas trabas a la actividad económica se unen al requisito del catalán para acceder a las ayudas que el Govern otorga para luchar contra el Covid-19. Subvenciones cuya gestión, tal como denunciaron ayer los grupos de la oposición en el pleno monográfico celebrado en el Parlament, está siendo muy opaca pues, según explicaron, poco o nada se sabe de los 300 millones movilizados por el gobierno en funciones que ahora lidera Pere Aragonès.

Denuncia contra Almirall

En el caso de Almirall, el expediente abierto por la ACC el pasado mes de agosto responde a una denuncia de Força Catalunya, partido liderado por Santiago Espot --que se dio a conocer por alardear de haber denunciado a más de 3.000 comercios catalanes por no rotular en catalán--, con base en el artículo 128-1 de la Ley 22/2010 del Código de Consumo de Cataluña. La norma que indica que “las personas consumidoras, sin perjuicio del respeto pleno al deber de disponibilidad lingüística, tienen derecho a recibir en catalán las informaciones necesarias para el consumo, el uso y el manejo adecuados de los bienes y servicios, de acuerdo con sus características, con independencia del medio, formato o soporte utilizado, y, especialmente, los datos obligatorios relacionados directamente con la salvaguarda de la salud y la seguridad".

El PP recurrió varios preceptos de esta ley ante el Tribunal Constituciona. En su sentencia dictada hace dos años no anuló ese artículo 128-1, pero advirtió de que “ni el reconocimiento de un derecho ni el establecimiento de un deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público, puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal, la obligación de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales".

Aumento de las sanciones

Pese a ello, las sanciones se han mantenido y aumentado. En 2018, la ACC impuso 79 por un valor de 50.800 euros, mientras que el año pasado se tramitaron 94 por un valor de 55.576 euros. Cifra récord desde 2013.

De esas multas lingüísticas se debatirá este jueves en la Cámara catalana, pues la diputada de Ciudadanos Sonia Sierra ha presentado una moción en la que, entre otras medidas, se insta al Govern a “dejar de multar a los autónomos por no rotular en catalán” y “condenar todo acto de acoso por cuestiones de lengua a trabajadores y autónomos de comercios, restauración y todo tipo de locales abiertos al público, ya sea verbal, grabando imágenes de ellos o difundiendo estos hechos en las redes sociales citando personas o locales identificables”.

Condena de las campañas de acoso

Cs también insta a la Generalitat a “condenar las campañas de asociaciones, personas o grupos políticos promovidas contra trabajadores y autónomos por razón de la lengua que hablan”. Sierra explica a Crónica Global que la denuncia de las multas lingüísticas “forma parte de una antigua reivindicación de Cs”. Pero el impacto que provocó “el acoso a una trabajadora de la panadería Vivari de Nou Barris y a una camarera del Parlament por hablar en castellano es absolutamente discriminatorio”.

Esta presión a los empresarios se une a la exigencia de utilizar el catalán para acceder a las ayudas contra la pandemia. En las bases para obtener esa inyección económica aparece recurrentemente el requisito de que los solicitantes puedan acreditar que utilizan la lengua catalana en su actividad económica. A juicio de Sergio Sanz, diputado de Cs, “esta exigencia no tiene en cuenta que la realidad lingüística de Cataluña es diversa y plural, y que excluir de las ayudas a las personas que no reúnen estos requisitos supone una doble discriminación”. La lingüística, la más evidente, pero también por el hecho de “ser excluidos como beneficiarios de unas ayudas a las que han contribuido con el pago de los impuestos propios de la actividad que desarrollan”.

La 'ley del catalán'

Acoso al dueño de un bar por rotular en castellano / CG

Por ello, Sanz presentó una propuesta de resolución (PR) en la que se insta a eliminar el requisito de cumplimiento de los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la ley de política lingüística de todas las bases de ayudas creadas para compensar los efectos de la crisis provocada por el Covid-19. Asimismo, insta a revisar de oficio las ayudas denegadas a causa del requisito indicado para proceder a su concesión si reúnen el resto de características para ser beneficiarios.

Los citados artículos de la conocida como ley del catalán indican que "la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán". 

Bases reguladoras

También contemplan que "los convenios colectivos de trabajo y los pactos de empresa pueden contener cláusulas lingüísticas orientadas a fomentar el conocimiento del catalán de los trabajadores y trabajadoras y a garantizar su uso en los centros de trabajo y contratos laborales, hojas de salarios y demás documentación [...]. Los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán". [Las condiciones de las ayudas del Govern pueden leerse en este enlace]

Ejemplo de esos requisitos lingüísticos es la resolución por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito de las actividades de restauración y de los centros de estética y belleza afectados económicamente por la crisis del Covid-19. El eurodiputado de Cs Jordi Cañas ha exigido por escrito a la Comisión Europea una investigación "porque la actuación de la Generalitat es contraria al ordenamiento jurídico comunitario".

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