Los independentistas imponen una declaración contra la “criminalización” del Parlament

Los votos de Junts per Catalunya, ERC y CUP han permitido sacar adelante una declaración de la Junts de Portavoces que interpreta la condena de los exmiembros de la Mesa del Parlament como una “criminalización” de la actividad de la Cámara.

Los firmantes rechazan la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, condenados a 20 meses de inhabilitación por desobediencia, y subrayan la desproporción de esa pena con los once años de cárcel impuestos a Carme Forcadell por sedición, expresidenta del Parlament “por los mismos hechos”, por lo que piden su excarcelación, así como de “todos los presos y presas políticas, y el libre retorno de los exiliados y exiliadas. “Forcadell fue juzgada por quien es y no por lo que hizo”, afirman.

El documento pactado entre las fuerzas independentistas reclama la liberación reivinidica que la Mesa “debe garantizar la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados y diputadas”. Y avisan de que “la represión no hará desaparecer la mayoría social y parlamentaria favorable a que los catalanes y catalanas decidan democráticamente su futuro”.