El Govern acorrala a las empresas en pleno Covid

El Parlament dio ayer jueves luz verde a esta norma, que ha causado malestar en un sector empresarial castigado por el coronavirus. Según ha podido saber Crónica Global, varias compañías se han dirigido a los grupos parlamentarios para expresar su rechazo a una regulación que no ha contado con su opinión. “No tiene sentido, es un proyecto extraterritorial. Que dejen a las empresas en paz, que ya están controladas por las autoridad del país”, explica un directivo.

Controlar la actividad en terceros países

El objetivo de la nueva ley es evaluar y controlar a las empresas catalanas en su actividad en terceros países. Incluye no solo a las mercantiles con sede en Cataluña, sino todas aquellas que, de una u otra forma, tengan inversiones o actividad en el territorio”. Entre sus cometidos están “prevenir y alertar en relación a aquellas actividades exteriores de empresas que operan en Cataluña que puedan incurrir en una posible vulneración de los derechos humanos, la promoción de la paz y el desarrollo humano sostenible”.

En este sentido, se dedicará a investigar, inspeccionar y hacer seguimiento de quejas contra las empresas, a las que el Centro podrá requerir la información necesaria para esclarecer los hechos denunciados.

“Constituirá infracción la obstrucción, excusa o negativa de las empresas a proporcionar la información requerida en el marco del ejercicio de las competencias del Centro en investigación e inspección”, indica la proposición de ley. Contempla, además, un régimen sancionador.

En este sentido “el procedimiento sancionador se iniciará transcurridos tres meses desde la notificación del requerimiento. La penalización consistirá en una multa pecuniaria de hasta un máximo de 10.000 euros. El Centro podrá realizar un segundo requerimiento que, en caso de no ser atendido en un plazo establecido, podrá dar lugar al inicio de un procedimiento sancionador por un máximo de 50.000 euros”.

Fuentes empresariales comparan ese régimen sancionador, un asunto espinoso en toda tramitación legislativa, con otras normas como la ley de morosidad, que ha tardado 10 años en incorporar multas --hasta un millón de euros-- por incumplimiento de los plazos de pago de empresas y administraciones.

“Una especie de buenismo sin sentido”, comenta otro ejecutivo. Durante esos cuatro años de olvido, diversas ONG insistieron en la necesidad de crear instrumentos legales para garantizar el compromiso de las empresas con los derechos humanos. Entre ellas Lafede, formada por 120 organizaciones y que se dedica a la justicia global.

El Parlament da luz verde

La ley a la que el Parlament ha dado luz verde afecta a las “empresas catalanas”, referida no solo a aquellas que tienen su sede en Cataluña, sino a todas las que tienen inversiones o actividad en el Principado.

Otra de las sombras de la nueva norma es que el Centro Catalán de Empresa sea definido como un organismo que actúa con “plena independencia de las administraciones públicas, de las entidades privadas y de las organizaciones sin ánimo de lucro”, pero que “está adscrito al Departamento de Acción Exterior, Relaciones Internacionales y Transparencia”.

En 2016, todos los grupos parlamentarios acordaron crear un centro que velara por el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente en la actividad económica. Sin embargo, las dudas sobre la seguridad jurídica de ley, así como una posible invasión de competencias --existen otras vías de sanción, como es la judicial-- y el riesgo de conflictos diplomáticos, han puesto en alerta, no solo a las empresas, sino a Ciudadanos y PP, que presentaron enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas. Por el contrario, Junts per Catalunya, ERC, CUP, PSC y Catalunya en Comú-Podem secundaron la  tramitación de esta proposición de ley.

Además, el Centro hace extensivo su radio de acción a a la actividad de empresas catalanas en terceros países. “Dentro de este ámbito, y en el marco de las competencias de la Generalitat, el Centro impulsará propuestas de regulación y de diseño de políticas públicas”, indica el proyecto.

"Un chiringuito"

“Quieren crear un centro que no será independiente, que no tiene en cuenta a las asociaciones de empresarios y que sólo buscaría sancionar a las empresas y generar conflictos diplomáticos entre España y otros países”, asegura la diputada de Cs, Susana Beltrán, quien advierte de la “suplantación” de la tarea de los tribunales “donde los acusados disponen de todas las garantías para su defensa, por un organismo vinculado al Govern que en realidad es un chiringuito”.

Asimismo, cree que antes de crear esa entidad se debería aprobar un Tratado Internacional que sea vinculante. Y asegura que en otros países de nuestro entorno “se hacen recomendaciones y se establecen vías de asesoramiento, pero no un régimen sancionador”.

¿Quedará congelada?

Beltrán augura que esta “propuesta será ilegal, no verá la luz”. De hecho, la norma emprende su trámite parlamentario con un gobierno en funciones y una legislatura agotada, por lo que es probable que quede congelada.

El diputado del PP Daniel Serrano criticó la pretensión de "controlar la actividad de las empresas" desde la administración pública. “Creer que Cataluña tiene capacidad para investigar la actuación de las empresas en el exterior está totalmente fuera de lugar". Pero, con la nueva norma en la mano, así lo podrá hacer.