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Fotomontaje con Pere Aragonès (ERC) y Puigdemont (JxCat) en la carrera para las elecciones / CG
Empieza la carrera electoral catalana
Puigdemont utilizará la inhabilitación de Torra como si fuera un nuevo 155; un órdago para ERC, que debe gestionar el gobierno mientras los constitucionalistas afinan su maquinaria de campaña
29 septiembre, 2020 00:00Ya es oficial. Quim Torra (JxCat) ha dejado de ser presidente de la Generalitat y le sustituirá en el cargo, de forma provisional, su vicepresidente Pere Aragonès (ERC). El primero, arropado por Carles Puigdemont y el sottogoverno que queda en el Palau, están dispuestos a utilizar el Ejecutivo en funciones con fines electorales, alimentando la idea de que las instituciones catalanas vuelven a ser objeto de una aplicación encubierta del artículo 155 de la Constitución.
En cambio, el vicepresidente republicano afronta seis meses de gestión en los que deberá demostrar que ERC es capaz de hacer frente a la crisis económica y social provocada por el Covid-19, y sin apenas competencias legislativas.
Propaganda contra gestión
Dicho de otra manera, la inhabilitación firme de Torra supone el arranque de la carrera electoral catalana, que Junts per Catalunya (JxCat) enfocará, de nuevo, como un plebiscito. Es decir, como un referendo a favor del proyecto independentista.
Por su parte, ERC asume un papel más ingrato: el de gestionar la pandemia y pilotar los tiempos electorales. Será Roger Torrent, el presidente del Parlament, también republicano, quien tenga la última palabra sobre la velocidad con la que se resuelve esta legislatura.
El victimismo de "un nuevo 155"
Ya lo dijo Torra en su declaración institucional de despedida: su inhabilitación es, según él, un “golpe urdido por el Estado” con “sed de venganza”. Una reflexión que ya fue utilizada por los secesionistas cuando el Gobierno aplicó el artículo 155 de la Constitución en respuesta al desafío independentista de 2017. Según explican a Crónica Global fuentes gubernamentales, las últimas horas vividas por expresidente en el Palau de la Generalitat fueron como las de "un nuevo 155".
"Algo que Puigdemont puede aprovechar desde el punto de vista electoral, pero que en el fondo supone una gran tranquilidad para los altos cargos convergentes. Se aseguran el cargo hasta febrero o marzo. No van a ser cesados, van a seguir en sus cargos, con cero responsabilidad... ¿Qué más quieres? Por eso no se han convocado elecciones antes de la inhabilitación. Los convergentes nunca fueron más felices ni vivieron mejor que durante el 155”, añaden los mismos interlocutores.
ERC quiere elecciones ya
Si ese argumento es utilizado por ERC, que asumirá ahora la presidencia de la Generalitat sin apenas atribuciones, es algo que el tiempo dirá. Pero lo cierto es que Aragonès y los suyos tienen mucha más prisa que Puigdemont. Quieren elecciones ya, sobre todo porque los sondeos de intención de voto les son favorables, y porque no quieren que el nuevo catalanismo --Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), PDECat, etc.-- se rearme y pueda robarle ese espacio soberanista moderado con el que quiere ensanchar su base electoral.
Pero también es importante para los republicanos acortar ese período de interinaje que, sin capacidad para impulsar proyectos de ley --el de los presupuestos de la Generalitat de 2021, entre otros-- o realizar cambios en el Govern, supone una prueba de fuego de cara a las elecciones.
Parálisis institucional
Desde el partido republicano se insiste en lanzar el mensaje de que Cataluña no puede quedar bloqueada. Que las instituciones catalanas que tanto dice defender Puigdemont corren el riesgo de sufrir una parálisis si, como se han conjurado JxCat, ERC y la CUP, no hay un candidato independentista alternativo.
En eso sí se han puesto de acuerdo, y también --en el caso de neoconvergentes y republicanos-- en pedir la celebración de un debate específico en el Parlament sobre la situación generada como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo, lo que obligará a los grupos parlamentarios a pronunciarse.
Maquinaria electoral constitucionalista
Por su parte, las formaciones constitucionalistas dan por hecho que habrá comicios en la primera mitad de febrero. En concreto, Cs, PSC, Comuns y PP trabajan de forma prioritaria con la fecha del 7 de febrero y ya han activado su maquinaria de cara a las votaciones.
El aparato electoral de la formación naranja ha asestado el primer golpe, al presentar una iniciativa para asegurar el desbloqueo del proceso presentando una candidatura instrumental consensuada que el resto de partidos considera innecesaria.
Aval de los juristas a Torrent
La legislación prevé diez días para que el presidente de la cámara autonómica presente un candidato que deberá someterse a la votación del pleno. Si no logra el apoyo suficiente en dos rondas, se activaría un plazo de dos meses para encontrar nuevos candidatos. Y, de no conseguirse, transcurrido ese periodo, automáticamente se convocarían las elecciones que tendrían lugar 54 días después. En total, unos cuatro meses desde la inhabilitación de Torra.
El problema surgiría en caso de que Torrent no presentase ningún candidato al pleno porque no contasen con la mayoría suficiente. Para evitar que la situación se paralice de forma indefinida, los letrados del Parlament han marcado un camino muy claro. Consistente en que aquel formalizaría un “acto equivalente” a la investidura fallida y, a partir de entonces, se pondría en marcha el reloj de los dos meses que, si no hay acuerdo, desemboca en la convocatoria electoral automática.
Cs se ofrece para "desbloquear"
Pero Cs no está de acuerdo con la posición que los juristas de la Cámara han señalado en el informe que ayer mismo trasladaron a Torrent. Según su líder, Carlos Carrizosa, la cuenta atrás no puede activarse sin un candidato. Y apelan al artículo 4 de la ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern.
Por ello, han anunciado una ronda de contactos con los partidos de la oposición para pactar un “candidato instrumental” que se presentaría a Torrent para ser votado --y rechazado-- por el Parlament y así poner en marcha el reloj electoral y “desbloquear” la situación.
El PSC se desmarca de Cs
En declaraciones a los medios, el líder del PSC, Miquel Iceta, no ha cerrado la puerta a negociar un candidato instrumental para “forzar” la convocatoria de elecciones. Y ha puesto una única condición: “El candidato no puede ser alguien que pretenda después de los comicios ser presidente de la Generalitat”.
Sin embargo, fuentes socialistas han asegurado a Crónica Global que descartan casi por completo ese ardid porque consideran que el informe de los letrados es “claro” con el camino que debe seguir Torrent y le deja “poco margen” de actuación. Para el PSC, la maniobra de Carrizosa es “errónea” y responde a intereses electorales.
El PP, con los letrados
Algo parecido piensan en el PP. Fuentes del entorno de la dirección popular han asegurado a este medio que están “a disposición de todos los partidos para desbloquear” la situación, pero “todo indica que no hará falta”, han subrayado.
La formación liderada por Alejandro Fernández también apuesta por la vía señalada en el informe de los juristas del Parlament. “Además, Torrent no presentará una candidatura sin posibilidades”, indican los populares, que también tildan la operación de Cs como un acto de precampaña.
¿Acuerdo ‘indepe’ in extremis?
Donde surgen dudas que hasta ahora descartaban los partidos constitucionalistas es en la posibilidad de que los independentistas acaben cerrando un acuerdo in extremis para presentar un candidato conjunto a la presidencia de la Generalitat que les permita alargar la legislatura hasta finales de 2021. “No es imposible que, durante el limbo de los dos meses previos a la convocatoria electoral, JxCat y ERC cierren un pacto. Es mucho tiempo y puede haber presiones de Puigdemont a los republicanos para convencerles de que es mejor retrasar los comicios”, señalan desde el PP a Crónica Global.
En el PSC, en cambio, no lo ven probable. Admiten que “todo es posible” en Cataluña. Como, por ejemplo, que sea la primera autonomía en que un presidente es inhabilitado por incumplir con un mandato judicial.