Mesa de diálogo, reforma del delito de sedición y tramitación de indultos. La oferta del Gobierno es tan envolvente que el núcleo duro de Carles Puigdemont ha enmudecido. PP y Ciudadanos hablan de rendición ante el chantaje independentista.
Sea por una coincidencia temporal, sea por una estrategia calculada del PSOE, lo cierto es que el anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sobre el inicio de la tramitación de las peticiones de indulto para los presos del procés ha dejado descolocado al independentismo más duro, consciente de que esa medida de gracia podría concretarse dentro de seis meses; esto es, en plena campaña de las elecciones catalanas.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo / EFE
Y aunque todavía es muy pronto para avanzar resultados, fuentes judiciales aseguran que el arrepentimiento de los reos va a ser determinante, por lo que tanto Carme Forcadell como Dolors Bassa están bien posicionadas para acceder a la medida de gracia que concede el Gobierno.
"Nadie se atreve a hablar en nombre de los presos"
“Es evidente que el anuncio descoloca a Puigdemont y torpedea la estrategia de confrontación. Ninguno de los presos ha pedido el indulto, pero ni Torra ni nadie de JxCat se atreve a hablar por ellos”, explican fuentes soberanistas. Una cosa, añaden, es la dignidad procesista y, otra, renunciar a salir de la cárcel.
El anuncio del ministro añade más división al independentismo. Por un lado, ERC ha restado importancia a un trámite que considera ordinario y que viene marcado por la ley. Así lo ha valorado oficialmente la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta. Pero fuentes del partido aseguran a este medio que, en efecto, diálogo, indultos y reforma del delito de sedición quitan argumentos a Puigdemont, para quien la orden de prolongar la legislatura para dar más rodaje a su nuevo partido se ha convertido en un arma de doble filo, pues la resolución de los indultos podría irrumpir en plena campaña electoral.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra (i), junto a su abogado, Gonzalo Boye (d), en las puertas del TSJC / EP
El PDECat, por su parte, cree que “la amnistía es la solución, pero considera que cualquier iniciativa que permita que los presos políticos dejen de estar en la prisión es un avance”. Tanto Laura Borràs, diputada de JxCat que interpeló al ministro, como el presidente de esta formación en el Parlament, Albert Batet, también dieron respuestas muy tibias, mientras que Torra, cuya comparecencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quedó eclipsada por el anuncio de Campo, se negó a hacer valoraciones.
En paralelo, el Gobierno ha recuperado la idea de reformar el delito de sedición --el imputado a los dirigentes independentistas-- que Podemos llevaba en su programa electoral. Otro guiño a los separatistas criticado por populares y naranjas.
Sedición y diálogo
Hace dos años que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estudia esos cambios penales y tiene sobre la mesa una propuesta presentada por PSC-Units. Y como telón de fondo de todo ello, la mesa de diálogo impulsada por ERC y que el Ejecutivo se ha comprometido a convocar de nuevo. El principal escollo es Quim Torra, pues si el Tribunal Supremo confirma su inhabilitación, dejaría de ser el interlocutor válido.
Torra pretende seguir como presidente simbólico, una condición que, a su juicio, tiene una carga de mayor profundidad ante la justicia europea, pues piensa acudir a ella en caso de que su condena sea firme. Y aunque se descarta que el todavía president se atrinchere en su despacho del Palau de la Generalitat, sí que está previsto elevar el tono de los reproches a un “Estado represor” que permite su inhabilitación.
Seis largos meses
El endurecimiento del discurso de Torra y Puigdemont ha sido muy evidente en estos últimos días de Diada, presentaciones de libros y debate de política general. La gran incógnita es si serán capaces de mantener ese grado de discordia, es decir, de tensión y crispación hasta la primavera.
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