La patronal social lleva al Govern a los tribunales

La patronal del tercer sector social ha llevado el Gobierno catalán a los tribunales por el nuevo marco de contratación de los servicios de infancia y adolescencia. La Confederació buscaría, sostienen fuentes conocedoras de la demanda, "mantener sus privilegios en contratación pública". El Departamento catalán de Trabajo, Asunto Sociales y Familias recuerda que el proyecto está "bien planteado" y fija el "precio correcto" por contrata.

La versión de la Generalitat de Cataluña no convence a la Confederació, la mayor patronal de prestadores de servicios sociales de la región con cerca de 1.200 asociados. La organización que agrupa a entidades sin teórico ánimo de lucro ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la última orden del Departamento, emitida en abril. La segunda instancia judicial ha admitido la petición de nulidad a trámite. Este medio ha preguntado a la Confederació los motivos por los que quiere tumbar el nuevo marco de contratación de atención a los menores de 18 años. La organización-paraguas ha declinado exponer sus razones.

Trabajo: "Orden bien planteada y precio correcto"

Quien sí ha aportado su versión es la Consejería que lidera Chakir el Homrani. El departamento ha señalado que la orden de acreditación, previa al decreto de concertación, ayuda a impulsar una "nueva forma de relación con los proveedores de la red de servicios sociales alejada de la contratación pública". El equipo del conseller republicano ha subrayado que el concierto social "permitirá proveer servicios a la ciudadanía por medio de mecanismos orientados a la calidad asistencial, la solvencia técnica, el arraigo territorial y otros orientados a la mejora del servicio a la persona".

Prevé Trabajo que el nuevo marco vele por la "estabilidad y calidad" del empleo, además del "compromiso ético". Enfatiza el Departamento que se fija un umbral máximo salarial de nueve veces la remuneración más baja, que la acreditación de proveedores "seguirá abierta" y que, con este marco, la provisión de servicios para la infancia y adolescencia "pasa de contratos a conciertos". ¿Por qué pues recurre la patronal? "La orden está bien fundamentada y el precio que se estipula es el correcto. Se recurre la orden porque la organización promotora no está de acuerdo y cree que el precio por servicio debería ser mayor. También estima que la administración debe pagar el 100% de plazas vacías".

"Temor a perder privilegios"

Fuentes del sector han sido mucho más críticas con la organización que preside Joan Segarra. "El foco de este lance judicial no se debería poner en el decreto de concertación ni la orden de acreditación, sino en la propia configuración del recurrente. Cuando hablamos de la Confederación hay que tener en cuenta que se trata de una plataforma paraguas muy dependiente del dinero público", explican voces de la industria.

¿A qué se refieren? "La Confederació vive de y para lo público. Es teóricamente una patronal sin ánimo de lucro, pero tiene también un fuerte componente religioso. Si cambian los mecanismos de contratación, este ente pierde preponderancia porque el que mejor opere, ganará el contrato. Y el llamado tercer sector desempeña una labor encomiable y que debe ser puesta en valor, pero no hay que recordar que ha generado una hipertrofia de puestos de trabajo dependientes de cada plaza. Por ello se explica el recurso al TSJC", apostillan.