Fiscalía pide archivar la causa contra Puigdemont por presunto fraude cuando era alcalde de Girona

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que archive la causa abierta contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, por los supuestos delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad que se le atribuyen por sus actuaciones como alcalde de Girona.

El Ministerio Público ha presentado un escrito ante la Sala de lo Penal del TS en el que estima que los hechos expuestos no son constitutivos de las culpas que se le atribuyen por un presunto fraude en la compra de obras de arte con fondos públicos de la gestión de agua en el año 2014.

Se elevó al TS por su aforamiento

El Juzgado de Instrucción número 2 de Girona realizó una exposición razonada en la que explicaba que apreciaba indicios de delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en la actuación de Carles Puigdemont durante los años 2013 y 2014, cuando era alcalde de la localidad gerundense.

El instructor elevó la causa al TS al tratarse del expresident del Govern --fugado de la justicia y que se encuentra fuera de España-- dado que se encuentra en condición de aforado como eurodiputado. El mismo tribunal que le reclama para juzgarle por su participación en el procés.

Gastó fondos públicos en arte

Puigdemont, como alcalde de Girona, suscribió el 6 de febrero de 2014 los acuerdos de un contrato de compraventa de pinturas, grabados, esculturas, cerámica y otros objetos de arte en favor del ayuntamiento gerundense. "Un total de 1.320 piezas", tal y como expuso la jueza instructora.

La misma magistrada indica que la actuación llevada a cabo ocasionó un perjuicio al patrimonio del consistorio, ya que el estado de la red de aguas requería unas actuaciones de mejoras pero las inversiones se redujeron casi a la mitad en detrimento de la calidad y el estado de las instalaciones.

No constituye ningún delito

Fiscalía aclara que la actuación atribuida a Puigdemont se reduce a la adquisición para el museo municipal de Girona una colección de obras de arte habiendo abonado parte del precio, un millón del total de 3.900.000 euros, con el importe recibido por el consistorio con cargo a los fondos obtenidos tras prorrogar los contratos de concesión en favor de la empresa Agissa para la gestión del agua.

Añade que, de esta manera, el consumidor final del servicio de agua iba a pagar más, pero los fondos no iban a determinar una mejora en la calidad de las instalaciones. Por ello, Fiscalía explica que la actuación del expresident puede constituir una infracción administrativa, pero no está específicamente tipificado como delito en el Código Penal tras la reforma legal de 1995.