Registro en Girona, Sarrià de Ter y Salt por el 'caso Agissa'

Agentes de la Guardia Civil practican esta mañana registros en los Ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter y Salt. Recaban información sobre los contratos que mantenían durante decenios con Aigües de Girona (Agissa) por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital provincial. El fiscal anticorrupción José Grinda dirige las actuaciones de los agentes ante los indicios de que se habrían desviado recursos público de hasta 15 millones de euros a través de la firma semipublica.

Se trata de la continuación de las investigaciones que ya se realizaron en septiembre del año pasado y afectan a la gestión de la empresa durante los mandatos de Joaquim Nadal, Carles Puigdemont y la actual Marta Madrenas.

Semipública

El 80% de las acciones de Agissa, que suministra agua a los municipios de Girona, Salt y Sarriá de Ter, estaba en manos privadas, mientras que el 20% restante es público. El inicio de la investigación supuso el distanciamiento de los inversores privados de la gestión de la compañía.

Los registros se están haciendo en las oficinas de los tres consistorios.

Fondo de arte

El fiscal quiere saber si la empresa ha aplicado sobre costes para justificar desvíos de dinero público hacia otras actividades. Una de las operaciones que el fiscal quiere aclarar es el gasto de 3,9 millones en la compra del fondo de arte Santos Torroella en la época en que Puigdemont era alcalde de Girona. El consistorio había pensaba destinar inicialmente el importe del canon del agua previsto en la prórroga del contrato de 2013 a esa adquisición, aunque después habría cambiado de criterio.

La investigación considera que existen delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de fondos públicos.

Una denuncia de la CUP

El origen del caso está en una denuncia de la CUP de Girona de 2015, y ya comportó registros en las oficinas y locales de actuaba en septiembre pasado. En concreto fue el 19 de septiembre cuando durante 11 horas se registraron 15 oficinas en la llamada operación Aquàrium, ordenada por el juzgado número 2 de Girona, que ha calificado las diligencias como secretas. El TSJC ha aclarado que Carles Puigdemont no figura en el caso como investigado.

En esta causa hay siete investigados, la mayoría responsables de la empresa, así como dos exconcejales socialistas. Pocos días después de los registros, el juez apartó la empresa Girona S.A. de la gestión de actuaba, y ordenó los tres ayuntamientos que nombraran nuevos administradores para hacerse cargo.