Letrados de otros Parlamentos autonómicos apoyan a los de Cataluña "en defensa de la ley"
Denuncian los "ataques" y presiones que han sufrido al no publicar íntegros algunos puntos de la resolución antimonárquica impulsada por los independentistas
11 agosto, 2020 19:27Letrados de parlamentos autonómicos del resto de España se solidarizan con sus compañeros en Cataluña después de las presiones sufridas por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y otros mandatarios del Ejecutivo independentista catalán contra su trabajo por defender el cumplimiento de la ley.
La Asociación Española de Letrados de Parlamentos Autonómicos (AELPA) y los secretarios generales y letrados mayores de esas cámaras territoriales han expresado este martes en un comunicado su apoyo al trabajo de los del Parlament catalán "en defensa de la legalidad y el orden constitucional".
Los letrados expresan de forma especial su respaldo al Secretario General del Parlament, Xavier Muro, de quien Torra --a quien no citan en ningún momento-- reclamó su cese por no publicar íntegros algunos puntos de las resoluciones contra la monarquía española aprobadas en el pleno del pasado viernes.
"Ataques que conculcan su autonomía"
La AELPA denuncia que Muro "ha sido objeto de ataques infundados que conculcan su autonomía y profesionalidad", ante los cuales reivindican "la necesaria independencia y neutralidad de los letrados parlamentarios como garantes del correcto funcionamiento de la institución y del cumplimiento de las resoluciones de los organos jurisdiccionales y del Tribunal Constitucional (TV).
El Boletín Oficial del Parlament (BOPC) no incluyó en su publicación el pasado lunes algunos puntos de dichas resoluciones, como el que reprobaba a Felipe VI o se calificaba a la monarquía española como "delincuente". Aunque sí mantuvo, en cambio, la declaración, por parte del Parlament, de que "Cataluña es republicana y, por lo tanto, no reconoce ni quiere tener rey".
El texto finalmente publicado adjuntaba una nota del Secretario Ceneral de la Cámara catalana en la que éste esgrimía su "deber" de "impedir o paralizar cualquier actuación jurídica o material que pueda suponer el incumplimiento" de las decisiones del TC. Y explicaba que, por esa razón, rehusaba incluir los puntos controvertidos en el BOPC.