El independentismo 'entierra' a Juan Carlos mientras se pelea por el 3% y protege a Jordi Pujol

Otro terremoto a la vista en la política española. La huida de Juan Carlos de Borbón por los escándalos de su vida privada, comunicada cuando el exjefe del Estado ya había abandonado el país, amplía las divisiones en el Gobierno, pero vuelve a unir al independentismo cuando estaba más dividido que nunca. Aunque sea de forma efímera, los separatistas catalanes cumplen con el dicho español de ver la paja en ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

En efecto, la noticia animó un parado lunes de agosto, y puso de acuerdo, por unas horas, a los distintos sectores del independentismo, así como a actores de otras ideologías que, mientras denuncian las "corruptelas" del rey emérito, corren un tupido velo sobre el caso 3% y los líos no resueltos del expresidente autonómico Jordi Pujol y familia.

El rey Juan Carlos traslada su residencia fuera de España / EP

En plena precampaña electoral

Los principales políticos separatistas (Quim Torra, Roger Torrent, Oriol Junqueras, Gabriel Rufián, Sergi Sabriá, Pere Aragonès...) no dudaron en criminalizar la huida del monarca (que ha manifestado que sigue a disposición de la fiscalía), al que varios calificaron de "ladrón" y "corrupto", a la par que denunciaban cómo algunos de sus compañeros han tenido que fugarse por "demócratas". Se referían a Carles Puigdemont, Anna Gabriel, Toni Comín, Lluís Puig, Marta Rovira, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, que no han rendido cuentas con la justicia española por el procés, algo que sí han hecho otros como el propio Junqueras. Algunos incluso aprovecharon para vincular a la monarquía con el franquismo.

El escándalo real llega, curiosamente, en un momento en que el independentismo está más fracturado que nunca. Las distintas estrategias con que sus protagonistas encaran la nueva etapa han hecho que cada partido separatista se pelee por la mayor porción del Parlamento. Las encuestas hasta ahora daban cierta ventaja a ERC, pero JxCat ha borrado esa diferencia y ahora mismo obtendría casi idéntico resultado. En este escenario, los republicanos han comenzado a utilizar el caso del 3% (sobre la financiación ilegal de CDC, el embrión del PDECat y de JxCat) para marcar distancias y poner en un aprieto a sus socios de gobierno.

ERC y JxCat, a la greña por el 3%

De hecho, el vicepresidente Aragonès (ERC) ha manifestado en las últimas horas que la Generalitat debería personarse como acusación particular en este caso, después de que el Ayuntamiento de Sant Cugat, también gobernado ahora por los republicanos (antes estaba en manos de los convergentes) haya anunciado que hará lo propio, al entender que las cuentas públicas han sufrido perjuicio en esta causa. Así las cosas, parece que ERC quiere hacer bandera de la lucha contra la corrupción a partir de ahora, y no extraña por ello su fiera crítica a Juan Carlos, a lo que hay que añadir su naturaleza republicana. Más complicado lo tienen en JxCat.

En las últimas horas, la portavocía del Govern, con Meritxell Budó (JxCat) al frente, ha echado balones fuera sobre el caso 3%, hasta el punto de que ha comentado que, antes de personarse como acusación, debe estar muy claro y bien acreditado que la financiación de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) causó un daño al erario. Por lo pronto, los herederos de CDC aprovechan la salida de España de Juan Carlos para reprobar todo tipo de corrupción y atacar, de nuevo, a las instancias judiciales, después de las condenas en el marco del procés. Sostienen, otra vez, que la justicia no es igual para todos.

¿Alguien conoce a Pujol?

¿Y sobre los Pujol? Ni siquiera se pronuncian. La Audiencia Nacional ha propuesto sentar a todo el clan en el banquillo por formar una organización criminal que, "aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

Sin embargo, el separatismo no se ha pronunciado al respecto, o no con la misma exposición ni fuerza empleada contra el emérito en particular y la monarquía española en general.

Podemos se apunta a las críticas

En el ámbito nacional, el asunto tampoco deja a nadie indiferente. Dentro del Gobierno, las posiciones también están enfrentadas. La posición oficial del PSOE es respetar la decisión de la Casa Real, un gesto que también apoyan Ciudadanos y el PP de Pablo Casado. Sin embargo, en Unidas Podemos, que forma parte del Ejecutivo de coalición, las opiniones son muy distintas.

El vicepresidente Pablo Iglesias (Unidas Podemos), mientras resuelve el caso Dina, ha manifestado que la "huida" de Juan Carlos es "indigna de un exjefe del Estado y deja a la monarquía en una posición muy comprometida". Añade que un "Gobierno democrático no puede mirar hacia otro lado ni mucho menos justificar o saludar comportamientos que socavan la dignidad de una institución clave como es la Jefatura del Estado y que son un fraude a la Justicia". Por su parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón (Unidas Podemos), también denuncia al emérito, mientras que otros actores del entorno podemita, como la alcaldesa de Barcelona Ada Colau (BComú), sugiere que es el momento de organizar un referéndum sobre la monarquía.