Los políticos de ERC Roger Torrent y Ernest Maragall han presentado esta mañana una querella contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán y la empresa NSO Group por el supuesto "espionaje informático" a través de sus terminales móviles. El presidente del Parlament y el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona sufrieron un hackeo en 2019, a través del programa Pegasus de la empresa israelí.
La querella se ha interpuesto en los juzgados de Barcelona, según han comunicado los políticos independentistas. Torrent ha declarado públicamente que "los únicos con acceso al programa utilizado para espiar son los servicios de inteligencia estatales", por lo que acusa a Sanz Roldán como culpable último del ataque ya que "era el máximo responsable del CNI cuando se produjo". En la actualidad, Sanz Roldán es asesor de Iberdrola, información que se dio a conocer hace una semana.
"Intrusión no autorizada"
Además de espionaje, entre las acusaciones que vierten los republicanos contra el exdirector de los servicios de inteligencia españoles y contra la empresa figuran la intrusión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de las comunicaciones y producción y adquisición para el uso de spyware. "Presentamos esta querella para defender nuestros derechos y reclamar responsabilidades", ha expuesto Torrent.
La entrada de los hackers se habría producido a través de WhatsApp, una aplicación cuyos responsables han admitido el fallo de seguridad que ha comprometido la información de unas 1.400 personas. Esta información es destacada por Torrent y Maragall en el documento de demanda y recuerdan que el software Pegasus desarrollado por NSO Group es suministrado únicamente a cuerpos policiales y de seguridad de los estados.
Roger Torrent seguido por Ernest Maragall / EFE
Periodo de elecciones
La querella expone que la entrada a los terminales telefónicos se habría llevado a cabo entre el 29 de abril y el 10 de mayo de 2019, un periodo marcado por las elecciones generales, municipales y europeas que se produjeron justo antes y después de estas fechas. Estos días son una aproximación ya que los políticos independentistas piensan que "podría haberse iniciado antes [...] e incluso podría haberse extendido más allá".
Torrent y Maragall señalan a las informaciones de El País --medio que destapó el supuesto espionaje-- para respaldar su argumentación sobre una presunta "causa general contra el independentismo", como defendió el presidente del Parlament en una entrevista a mediados de julio. Los hechos se enmarcarían "dentro de una línea de actuación del CNI encuadrada en lo que se denomina 'Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales' y que se dirigiría contra políticos independentistas", expone la denuncia.
Control "absoluto" e ilegal
Además, el documento defiende que el hackeo permitió acceder a "todas las comunicaciones" y tener "funciones de control absoluto" de los móviles de Torrent y Maragall.
Remarca que las funciones del programa utilizado "permiten un control que supera cualquier monitorización prevista en la ley española" y ello respalda que su uso no podía estar autorizado en ningún caso. Es decir, que los responsables incurrieron en los delitos de espionaje.