Torrent señala al Gobierno: "En España se practica el espionaje contra adversarios políticos"

Roger Torrent ha señalado al Gobierno de España como el presunto culpable del ataque informático sufrido en su teléfono móvil. El presidente del Parlament de Cataluña ha defendido en una comparecencia pública que este hecho acredita "de forma concluyente que "el Estado español, en el Estado español, se practica el espionaje contra adversarios políticos" y que él no ha sido la única víctima. Ha asegurado que los móviles de Anna Gabriel (CUP) y Jordi Domingo (ANC) también han sido hackeados. 

Roger Torrent acusa al Estado de espionaje a los adversarios políticos / PARLAMENT

Torrent ha indicado que, anteriormente, se conocía la existencia este tipo de prácticas ilegales "para perseguir a la disidencia política" en países como Arabia Saudí, México y Marruecos. "Ahora, hoy, sabemos que esta práctica también se produce en el Estado español", ha remarcado el político de ERC. Todo ello en el marco de una supuesta "causa general contra el independentismo" por parte del Ejecutivo nacional. 

"Degrada la democracia"

El presidente del Parlament catalán ha destacado que el software utilizado para hackear estos terminales telefónicos --conocido como Pegasus y desarrollado por la empresa israelí NSO--, "solo puede ser adquirido por Gobiernos" y, por ello, culpa al Ejecutivo de pervertir la democracia.

"Estas prácticas evidencian una causa general contra el independentismo [...] que degrada la democracia del Estado" y contra la que pondrán en marcha "todas las acciones políticas y legales que sean necesarias", ha señalado. Ha recordado a Carme Forcadell, expresidenta de la Cámara catalana, como supuesta víctima de esta "causa" contra el nacionalismo catalán, al ser condenada a 11 años de prisión e inhabilitación por su papel en la organización del referéndum ilegal del 1-O.

El Estado fue "cómplice" o negligente

Torrent ha prometido llegar "hasta el final para que se aclare la verdad", aunque ya ha dado por sentado que el Gobierno es culpable ya sea de forma directa o indirecta. "Si tenía constancia [de los ataques informáticos], habría sido cómplice de un delito; si no, sería un síntoma muy preocupante de negligencia política y desconocimiento de presuntas prácticas ilegales", ha señalado. 

Ha recalcado la imperante necesidad de "investigar los hechos y depurar las responsabilidades" asociadas a ellos.